Las Cejas se convirtió en el epicentro de un escándalo institucional que en las últimas semanas no dejó de crecer. La delegada comunal, Cristina Contreras, enfrenta una serie de denuncias judiciales que van desde la presunta retención de tarjetas de débito de empleados, apropiación indebida de terrenos y utilización de fondos públicos para fines particulares, hasta un episodio de agresión contra un equipo periodístico. La magnitud de las acusaciones ya motivó la intervención de la Justicia y llevó al propio gobernador Osvaldo Jaldo a advertir que en Tucumán “no hay impunidad para nadie”.
Las primeras denuncias surgieron a partir de testimonios de ex empleados comunales. Mónica Risso aseguró que le retuvieron su tarjeta de débito, lo que le impedía cobrar el sueldo completo: “Mi sueldo era de casi $15.000, pero me pagaban solo $3.000. Cuando fui al banco descubrí que estaba contratada meses antes de la fecha en la que firmé el contrato”. Por su parte, Guillermo Medina, quien se desempeñó como jefe de Personal, coincidió en las acusaciones y relató que los pagos de salarios y aguinaldos se realizaban en la casa de Contreras, donde, según denunció, se quedaba con parte del dinero.
Otro de los focos de conflicto está relacionado con las propiedades en litigio. El docente Pablo Alcides Ruiz afirmó haber comprado en 1984 media hectárea en la zona, pero que en 2012 la delegada intentó declararla fiscal. En 2024, personal comunal incluso levantó una tapia cerrando el predio, lo que derivó en un proceso judicial en el que Ruiz logró la tenencia simple, aunque los problemas persisten.
Una situación parecida vivió Marta Alderete, vecina de la localidad, quien recibió una orden de desalojo bajo el argumento de que su vivienda pertenecía al Estado. Su hijo, Joaquín, denunció que tras resistirse, presuntos empleados comunales dañaron la propiedad.
Las acusaciones también apuntan al presunto uso de recursos estatales para construcciones privadas. Carlos Peñalba, quien habría supervisado dos casas de la familia Contreras-Lazarte, sostuvo que los materiales se adquirieron con facturas a nombre de la comuna y que los albañiles eran empleados comunales. Además, denunció intentos de hacerlo firmar papeles para simular obras oficiales. “La compra más grande fue de $90 millones. Tengo pruebas de que los materiales llegaban a las casas particulares con facturas a nombre del Estado”, aseguró. Según dijo, elevó la documentación tanto a la Justicia como a la Casa de Gobierno, pero nunca recibió respuesta.
La tensión escaló cuando un equipo periodístico de LA GACETA intentó entrevistar a la funcionaria. Contreras rechazó a los periodistas, los acusó de ser “opositores” y retuvo sus credenciales, incluso intentando fotografiarlas. En medio de la discusión, un joven, presunto empleado comunal, golpeó la cámara de la fotógrafa e insultó a los cronistas. Minutos después, cuando regresaban hacia la Capital en un vehículo identificado con el nombre del diario, una camioneta de la Policía de Tucumán interceptó al equipo. Los efectivos pidieron credenciales y explicaciones sobre el trabajo, aunque se negaron a dar sus nombres.
En su defensa, Contreras sostuvo que se trata de una maniobra política en su contra. Señaló directamente al exsubsecretario de Transporte de la Capital, Enrique Romero, y a su adversario en Las Cejas, Ariel Figueroa. “Estas denuncias siempre aparecen en época electoral. Los denunciantes son inducidos y pagados por Figueroa. Incluso tengo un acta donde uno de ellos reconoce que le prometieron un contrato para hablar en mi contra”, aseguró. Además, remarcó que ya puso a disposición documentación para las autoridades provinciales y afirmó: “Yo me dedico a trabajar, todo lo demás es política”.
El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió públicamente al caso y fue categórico. “Hasta acá, que yo sepa, esas denuncias han sido mediáticas y verbales, pero no obstante la Justicia ya está interviniendo. La comisionada tiene que dar las explicaciones que la Justicia le pida”, dijo. Luego, advirtió: “En Tucumán no hay impunidad para nadie, que nadie se equivoque ni se confíe. El peso de la ley les va a llegar, como ya les llegó a muchas personas que se creían intocables. En la provincia vamos a seguir poniendo orden”.
Finalmente, el mandatario provincial destacó que las denuncias de los vecinos son legítimas dentro de un sistema democrático, pero aclaró que la “única verdad” será la que surja de los fallos judiciales. “La Justicia tendrá que aclarar qué está sucediendo en Las Cejas”, concluyó.