El 14 de junio de 2022, la Oficina Anticorrupción (OA), el organismo encargado de investigar delitos de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y controlar su posible enriquecimiento patrimonial a través de sus declaraciones juradas, renunció a acusar a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad, por el que fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Se trata de la sentencia que ratificó ayer la Cámara Federal de Casación Penal por el delito de administración fraudulenta en la concesión de obra pública al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
La decisión de la OA de dejar de ser querellante durante el gobierno de Alberto Fernández, bajo la conducción de Félix Crous, se hizo extensiva a otras 35 causas por corrupción en la Justicia Federal, en distintas instancias, contra ex funcionarios nacionales. En la gran mayoría de los expedientes se trata de integrantes de gobiernos kirchneristas y, en otros cuatro casos, de la gestión menemista. El argumento para desistir de las querellas criminales fue que el rol de la acusación lo desarrollan los fiscales, que la OA tiene entre sus funciones la prevención de la corrupción y la investigación, y que el área de litigios había sido sobredimensionada durante la gestión de Cambiemos en desmedro de otras áreas. En esa línea, Crous sostuvo la OA debería dedicar más recursos de su gestión a la prevención de la corrupción.
Como contracara, en lo que va de este Gobierno, la OA – actualmente a cargo de Alejandro Melik – presentó 129 denuncias penales, de la cuales 17 denuncias fueron contra funcionarios del gobierno anterior, según surge del último informe del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al Congreso en septiembre. En 34 casos fueron por distintos delitos y en otros 95, debido al incumplimiento en la presentación de la declaración jurada patrimonial. Se destaca la presentada contra el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico, ex funcionario del desaparecido Ministerio de Desarrollo Social, y otros referentes piqueteros por amenazas coactivas y defraudación contra la administración pública. La denuncia la hizo el MInisterio de Capital por la presunta extorsión de dirigentes contra beneficarios de planes sociales.