La Municipalidad de San Miguel de Tucumán denunció un faltante de $500 millones durante la gestión de Germán Alfaro, equivalentes a unos U$S4 millones en 2020. Según la presentación penal, esos fondos —enviados por la Provincia en plena pandemia— no fueron asentados en los registros oficiales del Ejecutivo municipal.
Por ese motivo, la actual gestión, encabezada por Rossana Chahla, solicitó al Ministerio Público Fiscal (MPF) que investigue si existió un posible fraude financiero con recursos públicos.
En total, fueron cuatro los decretos provinciales que autorizaron el envío de fondos: dos por aportes reintegrables y dos como asistencia no reintegrable, por $250 millones cada uno. Los fondos se transfirieron en ocho pagos de $125 millones, pero solo la mitad habría sido registrada oficialmente, de acuerdo con la denuncia presentada por el fiscal municipal Conrado Mosqueira.
En la misma actuación que hoy está en manos del fiscal regional Fernando Blanno se asentó que, ante las diferencias en los registros y luego de cruzar datos con el Banco Macro, se determinó que existió una segunda cuenta corriente a nombre de la Municipalidad que no fue registrada administrativamente. Allí se realizaron cuatro depósitos de $125 millones; es decir, los $500 millones que la administración actual quiere saber dónde están.
Según la denuncia en base al reporte bancario, la cuenta a nombre de la Municipalidad y no registrada fue solicitada por el entonces intendente Alfaro. Se añadió que los firmantes conjuntos de la cuenta serían Rodolfo Ocaranza, entonces secretario de Gobierno (hoy legislador) y Carlos Domingo Gómez, ex secretario de Economía y Hacienda.
Préstamo y ayudas
El entonces gobernador Juan Manzur (actual senador) oficializó la concesión de un préstamo a la Capital por un total de $500 millones, a través de los Decretos N° 947 y N° 1.798, del 11 de junio de 2020 y del 2 de octubre de 2020, por $250 millones cada uno. Se plasmó que la medida tenía como objetivo principal asegurar el pago de planillas salariales y cubrir gastos y servicios esenciales del municipio, en un contexto económico afectado por la crisis sanitaria de Covid-19.
En el instrumento que también fue refrendado por el ministro del Interior, Miguel Acevedo (actual vicegobernador), se precisó que el Municipio debía devolver los montos de la asistencia financiera reintegrable mediante retenciones automáticas de los fondos que le corresponden por coparticipación y que correspondía presentar por cada decreto una ordenanza municipal que respalde dicha operación, en un plazo no mayor a 30 días, algo que parecería no haber ocurrido.
De acuerdo a los cruzamientos de datos que realizó la gestión de Chahla con el Banco Macro, $125 millones de cada decreto se depositó en la cuenta oficializada de la Municipalidad y los otros $125 millones de cada uno, en la segunda cuenta.
Meses más tarde, Manzur firmó los Decretos N° 2.310, el 3 de diciembre de 2020, y el N° 184, del 4 de febrero de 2021, por fondos no reintegrables por otros $250 millones cada uno, con el fin de garantizar la continuidad del funcionamiento de los servicios esenciales que presta el Municipio en un contexto de crisis sanitaria de Covid-19, según se plasmó en el texto que también rubricó el ex ministro de Economía, Eduardo Garvich.
La punta del ovillo
Las inquietudes en la administración de Chahla comenzaron en agosto de 2024, cuando el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, notificó que mantiene una deuda de $500 millones por asistencias financieras reintegrables de 2020. En los registros oficiales sólo se asentó un compromiso por $125 millones, lo que derivó en averiguaciones que arrojaron la existencia de una segunda cuenta del Municipio que no estaba oficializada.
Germán Alfaro salió al cruce de las acusaciones y las calificó como una maniobra política con fines electorales impulsada por la intendenta Rossana Chahla. Según el exjefe municipal, la denuncia busca desviar la atención pública ante la falta de gestión y los roces entre la Intendencia y la Casa de Gobierno. “Esto es humo”, disparó con tono tajante.
Sin embargo, Alfaro evitó dar detalles concretos sobre el destino de los fondos cuestionados o su aplicación. Solo deslizó que el Ejecutivo municipal opera habitualmente con múltiples cuentas bancarias.