En un pronunciamiento de tono firme, el Colegio de Abogados de Tucumán expresó su “más enérgico repudio” a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien volvió a referirse al ejercicio profesional de la abogacía como una supuesta “industria del juicio”.
La entidad que nuclea a los profesionales del derecho en la provincia emitió este 20 de febrero un comunicado oficial en el que advirtió sobre la gravedad institucional de ese tipo de expresiones cuando provienen del jefe de Estado.
“Expresamos el más enérgico repudio frente a la declaración del Presidente de la Nación que pretende desacreditar el ejercicio profesional de la abogacía, calificándolo de manera peyorativa como una supuesta ‘industria del juicio’”, sostuvieron.
En ese marco, la institución remarcó que resulta “profundamente preocupante” que desde “la más alta investidura institucional” se utilicen expresiones que descalifican de forma generalizada a la profesión, y subrayó que la tarea de los abogados es “actividad esencial para la vigencia del Estado de Derecho y la tutela judicial efectiva de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional”.
El comunicado advierte además que los dichos presidenciales no sólo resultan ofensivos para quienes ejercen la profesión, sino que afectan el funcionamiento mismo del sistema democrático. “Tales expresiones no sólo resultan agraviantes para quienes ejercemos esta profesión con responsabilidad, ética y compromiso social, sino que además desconocen el rol esencial que la abogacía cumple en un Estado de Derecho”, señala el documento.
En otro tramo, el Colegio de Abogados de Tucumán recordó que el acceso a la Justicia es un derecho constitucional y rechazó la idea de que los procesos judiciales respondan a maniobras especulativas. “Cada proceso judicial tiene su origen en un conflicto real que afecta derechos e intereses legítimos de personas físicas o jurídicas”, afirmaron.
En ese sentido, se aclaró que “la intervención de abogados y abogadas no genera el conflicto; por el contrario, constituye la vía institucional y legal para encauzarlo conforme a las garantías que establece nuestro ordenamiento jurídico”.
La entidad también cuestionó el efecto institucional de generalizaciones como las utilizadas por el Presidente. “Descalificar los reclamos judiciales o el ejercicio profesional mediante generalizaciones impropias no contribuye al fortalecimiento de las instituciones ni al diálogo democrático”, advirtieron. Y agregaron que ese tipo de discursos “erosiona la confianza en el sistema de justicia y desvaloriza la función social de la abogacía”. “Reafirmamos que el ejercicio de la profesión se encuentra regulado por normas éticas y legales estrictas, y que su finalidad es la defensa de derechos, la búsqueda de soluciones jurídicas y la preservación del orden constitucional”, concluye el comunicado.
El pronunciamiento se suma a otras expresiones de rechazo surgidas desde distintos sectores del ámbito jurídico frente a las reiteradas referencias del Presidente a la denominada “industria del juicio”, un concepto que ha generado una creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones profesionales vinculadas al sistema de justicia.