La decisión inicial del Gobierno de incluir solo una línea que eliminara las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en el proyecto de Presupuesto se transformó, en pocos días, en la presentación de una reforma electoral mucho más amplia, que irá por fuera de la ley de leyes, en un solo documento. Esta tarde el Ejecutivo confirmó que enviará un proyecto significativamente más abarcativo, que además de suprimir definitivamente las Primarias, busca reducir los aportes del Estado para el financiamiento de los partidos, recortar las ayudas para que todos exhiban con igualdad sus propuestas en los medios, y reducir la cantidad de sellos, entre otras medidas.
Buena parte de estos temas se habían intentado aprobar durante el debate de la ley Bases, pero el Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás por falta de respaldo. Ahora, envalentonado por la gestión económica y los números en las encuestas, busca reflotarlo, pero con cambios. Esta versión de la reforma electoral, como adelantó Infobae, fue impulsada también por el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, que le encomendó los detalles de la redacción a su mano derecha en temas jurídicos, la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal. Incluso a pesar de las dudas de otros sectores del propio oficialismo por su viabilidad en un momento político complejo -al filo del final de las sesiones, con minoría en las dos Cámaras, y mientras se trata el Presupuesto-.
Por usos y costumbres, los gobiernos y los partidos no suelen impulsar reformas electorales en un año durante el cual están previstas elecciones. Pero Milei hará caso omiso, y planea propiciar el debate del proyecto durante sesiones extraordinarias -aún no las convocó pero podrían continuarse hasta enero y febrero- o bien en las ordinarias de 2025, en la previa de las elecciones legislativas. “No hay ninguna restricción legal, y nosotros no nos caracterizamos por respetar el statu quo”, justificó un diputado libertario. Según adelantaron, buscarán que se trate directamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz.
Si el Gobierno logra la aprobación, comenzará a regir “de forma automática”, es decir, tendrá impacto directo en los comicios legislativos del año próximo.