El recambio en la conducción de la Caja Popular de Ahorros no fue un trámite administrativo más: expuso tensiones internas, reacomodó piezas clave del oficialismo y dejó señales concretas sobre quiénes ganan y quiénes pierden poder en el peronismo tucumano.
Este viernes, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, Guillermo Norry y Antonio Bustamante juraron como nuevas autoridades de la CPA, luego de una decisión que se tomó a contrarreloj y que sacudió la estructura política provincial. El jueves, el ministro de Economía, Daniel Abad, había solicitado la renuncia del interventor José Díaz y del subinterventor Darío Amatti, poniendo fin a una gestión que se extendía desde 2018.
El acto fue encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo y comenzó pasadas las 10, aunque desde primeras horas de la mañana Casa de Gobierno mostró un inusual movimiento de funcionarios, legisladores, concejales, delegados comunales y referentes del oficialismo. La escena dejó en claro que no se trataba solo de una jura institucional.
Uno de los datos más observados fue la presencia del propio José Díaz, quien hasta horas antes conducía la entidad. Su asistencia fue leída como un gesto político en medio de versiones cruzadas, silencios estratégicos y especulaciones que se intensificaron en las últimas horas.
También participaron el vicegobernador Miguel Acevedo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el ministro Abad; y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, completando una foto con fuerte contenido político.
El desembarco de Norry —ex interventor del municipio de Juan Bautista Alberdi— y de Bustamante —abogado de trayectoria y ex presidente del Colegio de Abogados de Tucumán— no pasó inadvertido. Ambos mantienen una cercanía política con el ministro del Interior, Darío Monteros, un dato que dentro del oficialismo fue rápidamente incorporado a las lecturas de poder.
El cambio de autoridades se da en un contexto de tensiones no resueltas entre el gobernador Jaldo y el diputado nacional Carlos Cisneros. No es un detalle menor: la conducción saliente de la Caja Popular respondía al espacio político del legislador, con influencia sostenida desde la primera gestión del ex gobernador Juan Manzur.
En ese marco, la decisión del Ejecutivo provincial es interpretada como un movimiento de alto impacto, que reconfigura equilibrios internos y anticipa un escenario de disputas más visibles dentro del peronismo tucumano, en un año que comienza a mostrar señales electorales.
La Caja Popular de Ahorros permanece intervenida desde 2003, cuando el entonces gobernador José Alperovich dispuso la medida en los primeros días de su gestión. Desde entonces, la institución fue administrada por distintos interventores, consolidándose como una herramienta estratégica para la provincia, tanto por su rol financiero como por su alcance social y el manejo de recursos sensibles.
La salida de José Díaz cierra una etapa de más de seis años y abre interrogantes sobre el rumbo que tomará la CPA. Las miradas ahora están puestas en las decisiones que adopten Norry y Bustamante, tanto en materia de gestión como en la organización interna y la orientación política de una institución que volvió a quedar en el centro de la escena.