El Juzgado Federal de Campana dispuso el sobreseimiento de familiares, allegados y sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, en una causa que tuvo su origen en Santiago del Estero y que investigaba presuntas irregularidades vinculadas con fondos de la entidad.
La decisión fue firmada por el juez federal Adrián González Charvay y alcanza a 13 personas físicas y seis sociedades, entre ellas familiares directos, personas del entorno del dirigente y empresas relacionadas con ese grupo.
La resolución judicial se apoya fundamentalmente en una cuestión procesal. El magistrado sostuvo que “no hay acción habilitada” contra las personas y firmas alcanzadas por el fallo, debido a que el requerimiento de instrucción formulado originalmente por el Ministerio Público Fiscal fue desestimado y esa decisión posteriormente quedó firme.
Una causa que comenzó en Santiago del Estero
El expediente había llegado a Campana después de tramitar inicialmente ante la Justicia Federal de Santiago del Estero, donde el fiscal federal Pedro Simón había requerido la apertura de una investigación por presuntas maniobras vinculadas con la sustracción de fondos del patrimonio de la AFA.
En aquel requerimiento se habían mencionado hipótesis vinculadas con lavado de activos, asociación ilícita, defraudación, evasión tributaria y maniobras cambiarias, según surge de las presentaciones defensivas incorporadas al expediente.
El Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, sin embargo, desestimó el requerimiento de instrucción el 21 de abril de 2026 y declaró su incompetencia territorial respecto de la presunta sustracción de fondos de la AFA, debido a que la asociación tiene domicilio en Pilar, bajo jurisdicción del Juzgado Federal de Campana.
Aunque esa decisión fue recurrida, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán desistió posteriormente del recurso, por lo que la desestimación adquirió firmeza.
Qué resolvió el juez de Campana
Al analizar los pedidos formulados por las defensas, González Charvay concluyó que las personas involucradas no se encontraban sometidas a proceso porque no existía una acción penal legalmente promovida en su contra.
Por ese motivo, resolvió sobreseer a Darío Fabián Toviggino, Máximo Augusto Toviggino, María Valentina Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Manuel Hernán del Castillo Orellana, Rosalía Argañaraz, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Gabriela Verónica Coronel Peña, Gabriel Leonardo Gorosito, Rosa Elizabeth del Valle Cianferoni y María Florencia Sartirana.
La medida también comprende a las firmas HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L., DCT S.R.L., WICCA SAS y VANDAP SAS.
El magistrado dejó asentado además que no existen medidas cautelares ni restricciones respecto de las personas y empresas alcanzadas por la resolución.
Un punto importante es que el fallo se sustenta principalmente en la falta de una acción penal vigente contra los sobreseídos, luego de quedar firme la desestimación del requerimiento fiscal. Es decir, la resolución pone fin a su situación procesal dentro de este expediente sobre esa base jurídica.