Con número de expediente ingresado en la Honorable Legislatura de Tucumán, el legislador Claudio Viña avanzó con un proyecto de ley que apunta a transformar el control del gasto público en la provincia. La iniciativa no solo establece el tratamiento obligatorio de la Cuenta de Inversión en una sesión especial antes del 31 de diciembre, sino que además propone modificar el artículo 109 de la Ley N° 6.970 de Administración Financiera.
El texto redefine el alcance de la Cuenta de Inversión, detallando que deberá incluir estados de ejecución presupuestaria, movimientos del Tesoro, situación de la deuda pública, estados contables-financieros e informes consolidados de la gestión del sector público. A esto se suman evaluaciones sobre el cumplimiento de objetivos del presupuesto, el comportamiento del gasto y los niveles de eficiencia de la administración.
Un circuito institucional con fechas precisas
La iniciativa también ordena el proceso de revisión con un cronograma claro: la Cuenta de Inversión deberá elevarse al Tribunal de Cuentas antes del 31 de mayo, organismo que analizará los aspectos legales y contables, para luego remitir su informe al Poder Ejecutivo. Posteriormente, deberá llegar a la Legislatura antes del 31 de julio.
A partir de allí, la comisión de Hacienda y Presupuesto tendrá plazo hasta el 31 de octubre para expedirse. Si no lo hiciera, se tomará como válido el informe del Tribunal de Cuentas. Finalmente, el proyecto fija un punto central: el tratamiento obligatorio en sesión especial antes del 31 de diciembre, evitando demoras o dilaciones que históricamente dificultaron el control efectivo.
Fin de la “aprobación ficta” y nuevas obligaciones en caso de rechazo
Uno de los aspectos más relevantes es la incorporación del artículo 109 bis, que establece que, en caso de rechazo de la Cuenta de Inversión, deberán iniciarse acciones administrativas y/o judiciales correspondientes. Este punto busca eliminar lo que el propio proyecto define como “aprobación ficta”, una práctica que en los hechos dejaba sin consecuencias la falta de tratamiento legislativo.
Según los fundamentos, este cambio fortalece el rol de la Legislatura como órgano de control, alineando su funcionamiento con principios básicos de las finanzas públicas: sin control, no hay garantía de cumplimiento en la ejecución del gasto.
Transparencia, control político y acceso a la información
El proyecto impulsado por Viña se apoya en conceptos de especialistas como Jacinto Biseca y Daniel Sabsay, quienes destacan la centralidad del control legislativo en la administración de los recursos públicos. En esa línea, la iniciativa busca asegurar que la ciudadanía pueda conocer con mayor claridad cómo y dónde se utilizan los fondos del Estado.
Además, se establece la obligación de publicar los dictámenes en la web oficial, reforzando el acceso a la información pública y promoviendo estándares de gobernanza más exigentes.
Una señal política en un contexto de alta demanda social
En un escenario donde la sociedad reclama mayor transparencia y austeridad, la propuesta aparece como una respuesta concreta desde el ámbito legislativo. Para Viña, ordenar y hacer obligatorio el tratamiento de la Cuenta de Inversión no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política que apunta a mejorar la calidad institucional.
De aprobarse, el proyecto podría marcar un antes y un después en la dinámica de control del gasto en Tucumán, consolidando un sistema más riguroso, con plazos definidos y consecuencias claras ante el incumplimiento.