En medio de una negociación contrarreloj y con el servicio en jaque, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán decidió otorgar un anticipo de $900 millones a las empresas de transporte urbano, en un intento por sostener la actividad mientras se discute una salida de fondo a la crisis.
La asistencia, que deberá ser devuelta en cuatro cuotas mensuales a partir de mayo, se suma a otros aportes que elevan el respaldo estatal a cerca de $1.600 millones mensuales, según confirmó el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo.
¿Un parche o el inicio de una solución?
El movimiento financiero llega en un contexto de fuerte presión por parte del sector empresario, que advierte sobre el impacto del aumento de costos, especialmente el combustible. Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) plantearon que el sistema solo tiene dos caminos: más subsidios o una suba del boleto.
En paralelo, desde el municipio aseguran que el objetivo es avanzar hacia un análisis integral que permita ordenar el sistema y mejorar la experiencia del usuario, uno de los puntos más cuestionados por los vecinos.
La negociación sigue abierta
La reunión entre las partes pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana, a la espera de informes técnicos que permitan evaluar el estado real de las empresas y rediseñar recorridos sin afectar las horas pico.
“Queremos racionalizar el servicio y beneficiar al ciudadano”, sostuvo Arnedo, en medio de un escenario donde la urgencia convive con la necesidad de reformas estructurales.
¿Quién paga el costo de la crisis?
Mientras el Estado municipal y provincial incrementan su participación para sostener el sistema, el debate de fondo sigue sin resolverse: cómo equilibrar tarifas, subsidios y calidad del servicio sin trasladar todo el peso a los usuarios.
Por ahora, el anticipo aparece como una medida de contención en un esquema que, una vez más, queda bajo revisión.