«Basuras inmundas», así comenzó el virulento descargo que el presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales contra los periodistas Luciana Geuna, Rolando Barbano y las autoridades del canal Todo Noticias (TN), a quienes acusó de ser «delincuentes» que han cometido un «delito grave».
El mandatario, utilizando su habitual estilo directo y agresivo, sostuvo que el comportamiento de los involucrados evidencia una «malicia» manifiesta y una supuesta complicidad por parte de la producción del medio.
El mensaje, que cerró con un irónico «¡CIAO!», se produce en un contexto de extrema tensión entre el Poder Ejecutivo y los profesionales de la comunicación que cubren la gestión libertaria.
Esta nueva agresión no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una política sistemática de confrontación con la prensa. Hace apenas unos días, la gestión nacional oficializó el cierre de la histórica sala de periodistas de la Casa Rosada, restringiendo el acceso de los acreditados y limitando la circulación de información en la sede de gobierno.
Esta decisión fue interpretada por diversas asociaciones de prensa como un intento de cercenar la libertad de expresión y dificultar el control ciudadano sobre los actos de los funcionarios públicos.
La lista de ataques previos del presidente es extensa y ha afectado a diversos medios y cronistas. Desde calificar de «mentirosos» a periodistas que cuestionaron sus cifras económicas, hasta tildar de «ensobrados» a quienes investigan su entorno, Milei mantuvo una conducta de hostigamiento verbal constante
Voces de peso en el periodismo nacional denunciaron que este tipo de retórica no solo degrada el debate público, sino que incita a la violencia digital contra los trabajadores de prensa por parte de militantes y seguidores de la fuerza gobernante.
«Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades», sentenció el Presidente en su tuit, aunque no especificó a qué hecho delictivo hacía referencia técnica.
Mientras el gobierno insiste en que su postura es una defensa contra las «fake news», desde los organismos de libertad de expresión se advierte que el uso del aparato del Estado para perseguir y estigmatizar a quienes opinan distinto representa un peligroso precedente para la democracia argentina.