La gestión de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán enfrenta una grave acusación en la Justicia. La concejala alfarista Ana González formalizó una contundente denuncia penal contra cinco secretarios clave del gabinete de la intendenta Rossana Chahla. El motivo: presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz de un esquema de contrataciones irregulares que involucra un monto total que ronda los $2.700 millones.

La demanda, que ya se encuentra en manos del Ministerio Público Fiscal (MPF), apunta a la cúpula de la administración capitalina. Los funcionarios denunciados son:

  • Luciano Chincarini (Secretario de Servicios Públicos)
  • Camila Giuliano (Secretaria de Gobierno)
  • Marcelo Albaca (Contador General)
  • Rodrigo Gómez Tortosa (Secretario General)
  • Sebastián Ruiz Toscano (Secretario de Economía y Hacienda)

El modus operandi: cooperativas y «urgencias» millonarias

Según el escrito presentado por González, patrocinada por el abogado Juan Macario Santamarina, existiría un «patrón de conducta» basado en la sistemática contratación directa de cooperativas de trabajo. La acusación sostiene que los funcionarios del gabinete municipal justificaron el desembolso de sumas millonarias apelando a «situaciones de necesidad y urgencia» para esquivar licitaciones, cuando en realidad se trataba de tareas «ordinarias, previsibles y programables».

El punto más álgido de la denuncia advierte que, en al menos una docena de casos, se adjudicó la ejecución de servicios públicos a firmas que no estaban inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad. Más grave aún, la denuncia detalla que estas entidades carecían de inscripción en los organismos tributarios y regularizaron su situación en el mismo mes en que fueron contratadas a dedo por el municipio.

Para la edil opositora, los montos pagados resultan, a primera vista, «manifiestamente excesivos», lo que daría pie a investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos y cohecho pasivo.

Los números bajo la lupa de la Justicia

La denuncia cuestiona 12 expedientes específicos. Entre las operaciones más llamativas que exigen ser investigadas mediante licitación pública y no por contratación directa, se destacan:

  • $398,6 millones: Destinados a la cooperativa Atres Impresiones (2023) para la fabricación e instalación de 40 refugios de paradas de colectivos.
  • $398 millones: Adjudicados a Providers S.A. para la compra de 165 kits de «micro embarcado» para el transporte público.
  • $394 millones: Otorgados a la cooperativa Proyectar Futuro (febrero de 2023) por un contrato de tres meses para tareas de desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes.

González solicitó constituirse como querellante y exigió un allanamiento urgente en la intendencia para secuestrar expedientes de compras directas, así como allanamientos en los domicilios de las cooperativas involucradas.

Sospechas de enriquecimiento ilícito: el caso del Contador General

La denuncia no solo apunta al manejo de fondos públicos, sino que dedica un apartado especial al contador general del municipio, Marcelo Albaca, por presunto enriquecimiento ilícito.

El documento hace mención a un reciente viaje del funcionario a China y expone su estado de deuda patrimonial. Según la denuncia, Albaca registra a su nombre un crédito hipotecario del Banco Nación por aproximadamente $415 millones, destinado a comprar una propiedad en el exclusivo Country del Golf.

«Este tipo de créditos cubre habitualmente entre el 60% y el 70% del valor total de la propiedad, lo que permite inferir un desembolso en efectivo de entre $120 millones y $160 millones, suma que resulta prima facie incompatible con los ingresos que podría percibir un funcionario municipal», argumenta el texto judicial.

La respuesta oficial: «Buscan adelantar los tiempos electorales»

Desde el entorno de Rossana Chahla buscaron bajarle el tono al escándalo y contraatacaron. Aunque aseguraron no haber sido notificados formalmente de la demanda al cierre de esta edición, mostraron su «firme voluntad de estar a disposición y cumplir con todo lo que requiera la Justicia».

Quien recogió el guante de manera más frontal fue el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini. El funcionario calificó la denuncia como una maniobra «claramente política» y apuntó sin filtros contra el pasado de la denunciante.

«Esta acusación es impulsada por una persona que fue parte, durante ocho años, del gobierno de Germán Alfaro; una gestión reiteradamente señalada por hechos de corrupción que jamás dio explicaciones», disparó Chincarini. Además, recordó el polémico paso de González por la gestión anterior: «La propia denunciante fue exonerada del municipio en una causa vinculada a la desaparición de una camioneta oficial que aún sigue sin aparecer».

Para el oficialismo, la estrategia de la oposición es clara: «Buscan adelantar los tiempos electorales judicializando la política». Finalmente, Chincarini cerró filas en defensa del gabinete y garantizó que todas las actuaciones de la actual administración «se enmarcan dentro de los procedimientos legales y contables vigentes, con intervención de los órganos de contralor».