El vocal de la Cámara Federal de Apelaciones Mario Rodolfo Leal fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación en el marco de la causa en la que el hombre que se presentaba como “su hijo del corazón”, el abogado Luis Alejandro Ontiveros, fue procesado por presunto tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas.
La presentación ante el Consejo fue realizada por el letrado Juan Andrés Robles, representante del denunciante Mario Alberto Martínez Salazar Pérez tras el procesamiento dictado el martes por el juez federal N° 2, José Manuel Díaz Vélez.
El núcleo de la presentación ante el órgano acusador de magistrados nacionales detalla que el avance de la investigación en sede penal “ha permitido la incorporación de un conjunto de elementos de convicción de extraordinaria gravedad, precisión y coherencia interna, los cuales no sólo corroboran en forma directa los hechos denunciados por el Sr. Alberto Martínez Salazar, sino que además proyectan, con suficiente grado de verosimilitud, la posible participación del Sr. Mario Rodolfo Leal, Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en maniobras de naturaleza penalmente reprochables o al menos conductas reñidas con el correcto desempeño de su función pública”.
Robles denunció la existencia de una estructura familiar y funcional de extrema cercanía dentro de los tribunales federales de la provincia, poniendo en conocimiento del Consejo “que el actual imputado Ontiveros ofrecía resultados favorables en causa penal en la que interviene el Dr. Mario Leal en razón de que su esposa Solana Casella se desempeña como relatora del Camarista Federal mencionado”.
“También es importante poner en vuestro conocimiento que dos hermanos del imputado Ontiveros trabajan como secretarios privados del Dr. Leal en el ámbito de su vocalía”, dijo.
La denuncia desglosa la posible interferencia en el dictado de fallos de la Alzada local, vinculados al expediente por lavado de activos del hijo del denunciante, Jerónimo Martínez Parada, radicado en Catamarca.
Robles puntualizó que en dicho trámite la Cámara Federal revocó de manera arbitraria una falta de mérito para ordenar en su lugar el procesamiento del joven, un acto que ahora “adquiere ahora una dimensión fáctica distinta (…) que permite inferir la posible incidencia de factores externos ilegítimos en su dictado respecto al voto del Dr Mario Leal”.
“El fallo de Cámara, respecto a la falta de mérito, tuvo voto negativo del Dr Leal respecto al hijo del denunciante”, dice el escrito, remarcando que la tramitación del incidente, donde se debatía la prisión preventiva del hijo del funcionario de ARCA, “tenía una virtualidad extorsiva mucho mayor en razón de la posible privación de la libertad con la que se amenazaba”. De acuerdo con las pericias sobre el teléfono celular de Ontiveros, se detectaron anotaciones que demuestran, según la investigación del fiscal Agustín Chit, el control que Ontiveros ejercía sobre los sistemas reservados de la Cámara Federal.
El documento resalta que “en fecha 4 de febrero de 2022 se registra una anotación que refiere a ’clave compu papá cámara mrleal21’, lo que constituye un indicio altamente significativo de acceso a credenciales o información sensible vinculada al entorno informático de la Cámara Federal”. Según la denuncia, Ontiveros, a pesar de no ser parte en las causas contaba con datos del tribunal: “en fecha 16 de diciembre de 2022 se consigna una anotación que menciona expresamente a ’Gerónimo Martínez Parada Fiscal Vehil Ruiz’, lo que revela un seguimiento temprano de la causa”.
El escrito detalla que durante el transcurso del año 2023, específicamente los días 30 de marzo, 14 de mayo y 30 de junio, “se registran anotaciones que contienen referencias a personas vinculadas a la causa, gestiones a realizar respecto de expedientes judiciales, y distribución de sumas de dinero entre distintos sujetos, incluyendo montos específicos y referencias a ’ganancias’, lo que sugiere la existencia de un circuito económico asociado a la operatoria investigada que podría comprometer al magistrado a quien en numerosas oportunidades el imputado Ontiveros identifica como ’papá’”.
El abogado Robles enfatizó que “el imputado Ontiveros no era parte en las causas que investigaba. Con lo cual toma relevancia que obtenía información privilegiada, muy posiblemente, del entorno señalado”. Pero resalta que una “particular gravedad reviste la captura de pantalla obtenida el 30 de mayo de 2024, correspondiente a una resolución judicial de la causa 5253/2022, extraída desde una dirección electrónica del tipo ’gov.ar/despacho/…’, lo que evidencia el acceso a sistemas informáticos restringidos del Poder Judicial, inaccesibles para terceros, circunstancia que sólo puede explicarse mediante la existencia de vínculos con personas con acceso privilegiado”.
La querella adjuntó el informe forense informático cuyas coordenadas de latitud y longitud confirman de manera exacta que la fotografía de la pantalla fue tomada dentro de las instalaciones del edificio donde funcionan los Juzgados Federales y la propia Cámara de Apelaciones de Tucumán. Para Robles, el punto culminante de la maniobra y la supuesta complicidad del juez Leal quedó establecido en el mes de abril de 2025, cuando se registra una coincidencia temporal idéntica con el período en que el expediente de prisión preventiva del hijo de la víctima se encontraba bajo análisis de su vocalía, entre los días 11 y 29 de dicho mes.
“Pedimos se tenga presente que Ontiveros fue llevado por el mismo Camarista Leal a la reunión en un vehículo perteneciente a la CSJN y asignado al mismo Leal, conforme evidencias aportadas”, se denuncia. Y suma un video en el que se ve bajando del vehículo a una persona que podría ser el mismo Leal. La querella vinculó este traslado oficial con la negociación de las coimas en dólares, dejando asentado en el escrito ante el Consejo de la Magistratura que “durante dicho encuentro, se registra la expresión ’40 y 40’, que en el contexto de la negociación mantenida resulta inequívocamente indicativa de una exigencia económica”.
Se detalla que en el expediente “se ha acreditado que la billetera virtual del Banco Nación correspondiente al magistrado se encontraba vinculada al número telefónico del imputado; y que en el dispositivo de este último se encontraron múltiples referencias directas al camarista, incluyendo credenciales de acceso y menciones operativas”.
El documento sentencia que “el accionar de Ontiveros no constituyó un hecho aislado, sino que se insertaría en un entramado más amplio orientado a la captación indebida de influencias sobre decisiones judiciales, mediante la utilización de información privilegiada y la explotación de vínculos con funcionarios del Poder Judicial, dentro del cual la figura del Dr. Mario Rodolfo Leal, la de Solana Casella y la de los dos hermanos de Ontiveros, aparecen objetivamente comprometidas”.
“Tal situación configura, prima facie, una gravísima afectación a los deberes de independencia, imparcialidad, integridad y probidad que rigen la función judicial, comprometiendo no sólo la validez de las decisiones jurisdiccionales eventualmente alcanzadas por dichas maniobras, sino también la confianza pública en la administración de justicia, lo que torna procedente y necesario promover el correspondiente proceso de investigación a fin de deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder”, culmina.
