La crisis política en la Universidad Nacional de Tucumán sumó este lunes un nuevo capítulo de máxima tensión institucional. La fórmula opositora integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala denunció penalmente a los integrantes de la Junta Electoral de la UNT tras la decisión de suspender la Asamblea Universitaria prevista para el 20 de mayo, donde debía elegirse al nuevo rectorado.
La polémica se desató luego de que la Cámara Federal de Apelaciones ordenara suspender de manera cautelar la candidatura del actual rector Sergio Pagani, al considerar que una nueva postulación podría violar el Estatuto universitario y el principio de alternancia democrática.
Sin embargo, para Cabrera y Abdala, la resolución judicial únicamente impedía continuar con la candidatura de Pagani y no autorizaba a paralizar todo el proceso electoral. Por eso, apuntaron directamente contra la Junta Electoral, presidida por Fernando Valdez, a quien acusan de haber excedido sus atribuciones para beneficiar al oficialismo universitario.
Denuncias por desobediencia judicial y abuso de autoridad
La fórmula opositora presentó escritos tanto ante la Cámara Federal como ante la Justicia penal, donde sostienen que las resoluciones emitidas por la Junta Electoral podrían configurar delitos de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según plantearon, la suspensión de la Asamblea y el congelamiento de todas las candidaturas contradicen el fallo de la Cámara, ya que la cautelar solamente alcanzaba a quienes hubieran cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado.
“Se está tergiversando la medida judicial para alterar las reglas electorales y evitar que continúe el proceso democrático dentro de la UNT”, señalaron desde el espacio opositor.
Además, remarcaron que, tras la suspensión de la fórmula oficialista, Cabrera-Abdala quedó como la única candidatura habilitada para competir por el Rectorado.
Temor por una posible acefalía en la UNT
Uno de los puntos más delicados del conflicto es la advertencia sobre una posible acefalía institucional en la Universidad Nacional de Tucumán.
Desde la oposición sostienen que el Estatuto establece que las nuevas autoridades deben ser elegidas durante la segunda quincena de mayo y alertaron que la suspensión de la Asamblea podría dejar a la UNT sin autoridades legitimadas, generando un escenario de enorme incertidumbre institucional.
En paralelo, el oficialismo universitario busca ganar tiempo mientras analiza los pasos judiciales para intentar revertir el fallo de la Cámara Federal o impulsar una nueva fórmula para el Rectorado.
La disputa ya ingresó en una etapa de fuerte confrontación política y judicial, en medio de un clima de extrema sensibilidad dentro de la comunidad universitaria.