Cuatro policías, que fueron separados de la fuerza por el caso, serán enjuiciados por haber secuestrado a un joven que se habría dedicado a la venta de marihuana hace más de dos años. Los acusados negaron la imputación en su contra y señalaron que actuaron en un operativo en cumplimiento de sus funciones.
Según la acusación, el 23 de febrero de 2024, los agentes Ángel Sebastián Gómez, Sergio Daniel Díaz, Frando Javier Jiménez y el civil Facundo Nahuel Amaya -quien no enfrentará un tribunal por haberse mantenido prófugo durante varios meses y tendrá otro proceso-, bajo las órdenes del comisario Gustavo Ezequiel Morales, se presentaron en un barrio cerrado de Silvano Bores al 300 y se llevaron por la fuerza a L.G.
A la víctima la obligaron a subirse a un Renault Megane -propiedad de Díaz- y la trasladaron a la oficina de la Jefatura de Zona III, en el sur de la capital tucumana. En el trayecto, el secuestrado sufrió golpes en distintas partes de su cuerpo. Lo mismo sucedió cuando se encontraba en la dependencia policial. Amaya fue hasta el barrio donde vivía el secuestrado y consiguió que uno de sus familiares le entregara un número de teléfono para negociar su liberación.
Los acusados se comunicaron con la madre de la víctima, S.F.O, y le exigieron dinero para dejar en libertad a su hijo. Los imputados, según consta en el expediente, hicieron alusión a que tenían elementos para vincular a la víctima con el tráfico de estupefacientes y que, si abonaba el dinero que le pedían, lo soltarían y no volvería a tener inconvenientes. La mujer se presentó en el lugar y les entregó a los acusados $240.000.
La investigación
Las víctimas hicieron la denuncia y el caso comenzó a ser investigado por el fiscal federal Agustín Chit. El representante del Ministerio Público sumó las siguientes evidencias:
– Los acusados pactaron por Telegram la compra de marihuana. Cuando fueron a concretar la transacción, lo secuestraron.
– Chit confirmó que los policías se presentaron en el domicilio de la víctima sin ninguna orden judicial y que tampoco había un expediente en su contra.
– El guardia de la dependencia policial confirmó que los acusados habían estado esa noche con el secuestrado. Además, aclaró que esa base no contaba con arrestos, por lo que era imposible que hubiera sido detenido en un procedimiento legal y alojado en ese lugar. Indicó que los imputados Díaz y Gómez llevaron a otras personas para su “identificación” a esa dependencia meses antes de que hicieran lo mismo con Giudice.
– Nunca se documentó el ingreso del secuestrado en los libros oficiales de la dependencia.
– Al peritar los celulares, el fiscal descubrió que los mencionados habían creado un grupo de WhatsApp el día en que habrían concretado el secuestro. Allí, Díaz y Gómez explicaron que harían “un trabajo de merca” y que sumarían a Jiménez. Después, entre ellos, pedían “apurar a la vieja” para que pagara el rescate. Pero el dato más importante es que habrían pedido autorización a Morales para trasladar al secuestrado hasta la dependencia de la que era jefe.
Planteos
– Chit indicó en el pedido de elevación a juicio que Díaz, Gómez y Jiménez justificaron su conducta al afirmar que se había tratado de un operativo policial “realizado por la presunta comisión de un ilícito vinculado a estupefacientes”. “No obstante, dicha reconstrucción resulta incompatible con los elementos probatorios incorporados a la causa, los cuales permiten descartar que se haya tratado de un procedimiento legítimo”, añadió.
Sobre Morales, el fiscal recalcó que negó su participación en el hecho al sostener que no impartió órdenes y que desconocía el accionar de los otros imputados. “Se logró acreditar que los hechos se desarrollaron íntegramente en la dependencia policial bajo su jefatura, circunstancia que torna inverosímil su alegado desconocimiento. Además, los informes de comunicaciones incorporados a la causa dieron cuenta de contactos telefónicos y mensajes que tuvo antes y después de haberse cometido el delito”, sostuvo el acusador.
Las defensas de los señalados realizaron diferentes planteos para oponerse a que el caso fuera elevado a juicio. Sin embargo, el juez federal Guillermo Díaz Martínez rechazó cada uno de ellos. Dispuso que Díaz, Gómez y Jiménez sean enjuiciados por secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, por haberse logrado el cobro del rescate y por tratarse de funcionarios policiales. En tanto, a Morales le endilgó el mismo ilícito, pero como partícipe. En la resolución, el magistrado habilitó a la víctima y a su madre a iniciar una demanda civil contra el Estado por daños y perjuicios.