La Justicia tucumana resolvió mantener la prisión preventiva de Justina Gordillo, imputada por el presunto encubrimiento del asesinato de Érika Antonella Álvarez. Con esta decisión, la mujer —ex pareja de Felipe “El Militar” Sosa— continuará detenida en el Complejo Penitenciario de Delfín Gallo mientras avanza la investigación. Sus abogados defensores adelantaron que apelarán la resolución.
La medida cautelar había sido dictada el pasado 3 de febrero, cuando se dispuso que Gordillo cumpliera tres meses de prisión preventiva. En una audiencia realizada el jueves, sus defensores, Florencia Abdala y Camilo Atim, solicitaron que esa decisión fuera revocada o, en su defecto, reemplazada por un régimen de arresto domiciliario.
Para fundamentar su pedido, los letrados señalaron que en las últimas semanas se incorporaron nuevas evidencias —entre ellas registros fílmicos, comunicaciones telefónicas, datos de geolocalización, información vinculada al vehículo involucrado y la declaración de la propia imputada— que, según su interpretación, debilitarían los riesgos procesales que motivaron la privación de libertad dispuesta en febrero.
Sin embargo, tanto el titular de la Fiscalía de Homicidios I, Pedro Gallo, como el querellante Carlos Garmendia, se opusieron a la solicitud de la defensa. Ante la complejidad del planteo, el juez Bernardo L’Erario Babot decidió establecer un cuarto intermedio para analizar los elementos presentados antes de emitir su decisión.
La resolución fue comunicada minutos antes de las 13, cuando el magistrado convocó nuevamente a las partes y confirmó que el pedido de la defensa sería rechazado. En su fallo, Babot evaluó los argumentos expuestos y sostuvo que la causa aún se encuentra en plena etapa investigativa, por lo que no corresponde realizar valoraciones subjetivas sobre la prueba reunida mientras la instrucción continúa en curso.
En ese sentido, el juez explicó que las conclusiones planteadas por los defensores responden a una interpretación propia de su estrategia procesal y que, por el momento, no constituyen datos objetivos capaces de modificar los fundamentos que justificaron la medida cautelar inicialmente adoptada.
Durante la audiencia, Abdala y Atim también habían señalado que la declaración brindada por Gordillo ante la Fiscalía habría contribuido a identificar y detener a Nicolás Navarro Flores y a Jorge “Chicho” Díaz. No obstante, esa afirmación fue rechazada de manera categórica por el fiscal Pedro Gallo.
Sobre ese punto, Babot indicó que la versión de la imputada constituye por ahora una manifestación unilateral cuya verificación aún se encuentra pendiente dentro de la investigación.
Finalmente, el magistrado concluyó que la defensa no logró demostrar que los riesgos procesales se hayan neutralizado al punto de justificar una morigeración de la prisión preventiva. También remarcó que la cantidad de información presentada no necesariamente implica que exista una mayor solidez probatoria, especialmente cuando las conclusiones dependen de interpretaciones parciales o controvertidas que todavía deben ser corroboradas.
Tras conocerse la decisión judicial, los abogados Abdala y Atim anunciaron que presentarán una impugnación contra el fallo en busca de revertir la medida cautelar que mantiene a Gordillo privada de la libertad