El interventor de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, contador Guillermo Norry, junto al subinterventor, doctor Antonio Bustamante, se presentaron este martes ante el fuero penal para ratificar una denuncia por la posible existencia de una asociación ilícita que habría intentado defraudar al Estado provincial por cifras millonarias.
La acción judicial busca que se investigue un entramado que, según la presentación, podría haber operado de manera organizada en perjuicio de las arcas públicas.
El origen: un reclamo vinculado a Adrián Arregui
La denuncia está relacionada con un reclamo indemnizatorio impulsado por el exjugador de San Martín, Adrián Arregui, que encendió las alertas dentro del organismo estatal.
A partir de ese expediente, las autoridades detectaron posibles irregularidades que derivaron en la decisión de acudir a la Justicia penal.
Un entramado bajo sospecha
En la presentación se menciona a un amplio listado de personas que estarían vinculadas al caso, entre ellas abogados, profesionales de la salud y estudios jurídicos.
La hipótesis que se investiga apunta a la existencia de una estructura organizada que habría intentado generar un perjuicio económico significativo contra el Estado provincial.
De acuerdo al escrito judicial, se habrían utilizado certificados médicos y pericias que están siendo analizadas por la Justicia por su posible falsedad o inconsistencia, con el objetivo de sostener el reclamo indemnizatorio.
La presentación también señala que Arregui continuó desarrollando su carrera profesional en distintos clubes, tanto en el país como en el exterior, lo que —según la denuncia— podría contradecir el grado de incapacidad alegado en el expediente.
El monto en discusión es significativo: la Caja Popular advierte que el juicio podría derivar en un pago de entre 450 y 1.200 millones de pesos, lo que impactaría directamente en las finanzas del Estado provincial.
Investigación en curso
Con la denuncia ya ratificada, ahora será la Justicia la encargada de avanzar en la investigación, determinar responsabilidades y establecer si existió efectivamente una maniobra delictiva.
El caso abre un nuevo frente judicial con potencial impacto institucional, en función de los actores involucrados y del monto económico que estaría en juego..