La carta que pretendía abrir un debate terminó encendiendo una controversia. El escrito público difundido por el defensor oficial Agustín Eugenio Acuña, bajo el título “Carta a los jueces ante quienes litigo”, agitó el ámbito judicial tucumano al enumerar diez planteos sobre el desempeño de magistrados y magistradas, que van desde la aplicación estricta de la ley y la puntualidad hasta la necesidad de aceptar críticas y desterrar “egoísmos”.
Las repercusiones fueron inmediatas: asociaciones de jueces y fiscales cuestionaron el alcance general de los señalamientos, mientras que desde el Colegio de Abogados surgieron voces que respaldaron parte de las observaciones. En ese escenario, el legislador Carlos Najar, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura, también tomó posición y sumó un nuevo capítulo al debate.
“Primero hay que ser respetuosos de los poderes del Estado. Este es un planteo netamente judicial y debe resolverse dentro del estamento de la Justicia”, sostuvo. Si bien evitó pronunciarse sobre el fondo de las críticas, remarcó que el defensor oficial forma parte activa del sistema judicial y que cuenta con herramientas formales para canalizar sus observaciones.
“Tiene y tenía vías institucionales para hacer los planteos. Puede recurrir a instancias superiores, presentar recursos o formalizar administrativamente cualquier situación que considere irregular”, explicó.
LEGISLATURA / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVOPara Najar, la elección de las redes sociales como canal para expresar cuestionamientos no fue la más adecuada. “Al generalizar, pone bajo la mira a todo el sistema del cual es parte. Eso no mejora la percepción social sobre la Justicia; por el contrario, puede amplificar una mirada negativa”, advirtió.
En ese sentido, fue más allá y alertó sobre posibles derivaciones institucionales. “No vaya a ser que aparezcan presentaciones en la Legislatura en contra de él por parte de quienes se sientan afectados”, señaló, al tiempo que aclaró que, como integrante de otro poder del Estado, debe ser prudente ante un eventual planteo formal.
El legislador insistió en que la sociedad necesita “una Justicia clara, expeditiva y creíble”, y que cualquier crítica debe contribuir a fortalecerla. “Si existen incumplimientos o falencias, deben corregirse. Pero siempre es conveniente formalizar estas cuestiones por los canales oficiales, sobre todo cuando quien las plantea forma parte del sistema”.
Finalmente, consideró que el debate puede resultar positivo si se encauza institucionalmente. “Es sano discutir cómo mejorar la administración de Justicia. Pero ese debate debe darse con responsabilidad, dentro de las instituciones y respetando el rol que cada uno ocupa”, concluyó.