Tras la quinta Marcha Federal Universitaria, el Ejecutivo ratificó que no abrirá una negociación colectiva y trasladó la discusión al Congreso. Las autoridades universitarias advierten que, sin una recomposición salarial y más recursos, el próximo año académico podría verse comprometido.
El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas continúa sin una salida a la vista. Después de una nueva movilización federal, el Gobierno nacional ratificó su negativa a abrir una mesa de negociación con las autoridades universitarias y sostuvo que la discusión por los fondos deberá resolverse durante el debate del Presupuesto 2027.
La postura oficial profundizó la preocupación en las casas de estudio, donde advierten sobre el deterioro de los salarios, las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano y un malestar creciente entre docentes, estudiantes y trabajadores no docentes. En ese escenario, algunas autoridades alertaron que el ciclo lectivo del próximo año podría quedar en riesgo si no se alcanza una solución.
El Gobierno mantiene su postura y descarta una negociación colectiva
Desde la Casa Rosada calificaron la movilización como una protesta de carácter político y cuestionaron la participación de dirigentes opositores, sectores sindicales y referentes de la izquierda.
Tras la marcha, fuentes oficiales ratificaron que el Ejecutivo no tiene previsto convocar a una instancia de diálogo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En cambio, plantearon la posibilidad de mantener conversaciones individuales con las autoridades de cada institución.
En esa línea, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió esta semana a representantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
La administración nacional insiste en que el financiamiento debe discutirse en el Congreso y que cualquier asignación presupuestaria tiene que contemplar el objetivo de equilibrio fiscal.
La diferencia entre los fondos previstos y los que reclaman las universidades
Uno de los principales puntos de conflicto es la distancia entre los recursos contemplados por el Gobierno y las necesidades que plantea el sistema universitario.
Según las cifras consignadas en el proyecto oficial, el Ejecutivo prevé destinar alrededor de 7,3 billones de pesos a las universidades nacionales. El CIN, por su parte, reclama más de 11 billones de pesos para garantizar el funcionamiento de las instituciones y atender las demandas salariales.
La discusión se desarrolla en medio del debate por el Presupuesto 2027, donde las autoridades universitarias buscarán apoyo de legisladores opositores y gobernadores para incorporar los fondos que consideran necesarios.
Sin embargo, incluso una eventual aprobación de mayores partidas podría no cerrar el conflicto: las universidades también contemplan la posibilidad de que el Presidente vete una modificación presupuestaria.
Una “olla a presión” y advertencias por el próximo año
Desde el ámbito universitario describen un escenario de creciente tensión ante la falta de respuestas concretas. Las autoridades sostienen que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las dificultades económicas de las instituciones pueden derivar en nuevas medidas de fuerza.
“La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve”, advirtieron referentes del sector, en una señal de alarma sobre la continuidad de las actividades académicas.
La preocupación no se limita a los salarios. También alcanza a las condiciones materiales necesarias para sostener la enseñanza, la investigación y las distintas tareas que desarrollan las universidades públicas.
Mientras el Gobierno mantiene cerrada la posibilidad de una negociación colectiva, la comunidad universitaria reclama una respuesta que permita evitar que el conflicto se profundice durante 2027.
La disputa por el financiamiento también continúa en la Justicia
La controversia tiene como eje la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada después de que el Congreso insistiera con su aprobación pese al veto presidencial. La norma contempla mecanismos de actualización vinculados con los salarios y las becas, pero el Ejecutivo condicionó su aplicación a la identificación de las fuentes de financiamiento.
En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar para aplicar los artículos relacionados con la actualización salarial y las becas. La decisión fue ratificada por la Cámara, aunque el Gobierno llevó el caso ante la Corte Suprema.
El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó el recurso oficial al considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. Posteriormente, Cormick ordenó el cumplimiento integral de la ley, una decisión que fue apelada por el Ministerio de Capital Humano.
De esta manera, el conflicto permanece abierto tanto en el ámbito judicial como en el parlamentario.
Un cierre de año decisivo para las universidades
Con el diálogo prácticamente paralizado, las autoridades universitarias esperan que la discusión presupuestaria permita encontrar una salida antes de fin de año. El objetivo es obtener los recursos necesarios para sostener las actividades y atender los reclamos salariales.
Por ahora, el Gobierno no muestra señales de modificar su postura y mantiene el foco en el Congreso y en la preservación del equilibrio fiscal.
La incertidumbre pasa ahora por la posibilidad de alcanzar un acuerdo que garantice el funcionamiento de las universidades durante 2027. Si no hay avances, el conflicto podría trasladarse al comienzo del próximo ciclo lectivo, con nuevas protestas y medidas de fuerza en distintas partes del país.