El adolescente de 17 años que asistió armado a la Escuela Secundaria El Salvador, en la zona del Mercofrut, continuará alojado en el dispositivo socioeducativo Cura Brochero, en Benjamín Paz, por un plazo inicial de 59 días, mientras la Justicia de Menores y los equipos interdisciplinarios intentan determinar no sólo la gravedad del hecho, sino también qué lo llevó a presentarse con un revólver y municiones dentro de un establecimiento educativo. La medida fue dispuesta tras una audiencia cargada de tensión, en la que tanto el joven como sus padres rompieron en llanto al escuchar la resolución.
Según se expuso en la audiencia, el caso se descubrió cuando un compañero advirtió que al menor se le cayeron unas balas al intentar sacar un objeto del bolsillo del pantalón. Esa escena activó de inmediato la alarma dentro de la institución. Las autoridades escolares dieron aviso a la Policía y, al llegar al establecimiento, los uniformados lograron secuestrar un revólver calibre .38 y seis cartuchos, que estaban en poder del adolescente. Más tarde, las pericias confirmaron que el arma era operativa y que las municiones estaban en perfectas condiciones, por lo que podía ser utilizada.
A partir de esa situación, la auxiliar de fiscal Jimena Castro, siguiendo instrucciones del fiscal Mariano Fernández, avanzó con la acusación. Pero más allá del encuadre penal, el expediente empezó a abrir interrogantes sobre la vida personal, familiar, emocional y social del chico, que hoy aparecen como centrales para entender el episodio.
El joven no tiene antecedentes penales, dato que fue especialmente remarcado por los profesionales que intervinieron en el caso. Tampoco surgieron, hasta el momento, indicadores de consumo problemático de sustancias o de una trayectoria previa de conflicto con la ley. Sin embargo, sí aparecieron elementos que encendieron preocupación entre los operadores judiciales por el tipo de vida que lleva y las responsabilidades que arrastra desde muy chico.
Uno de los datos que más llamó la atención es que trabaja desde los 12 años como changarín en el Mercofrut, una actividad informal que forma parte de la economía de subsistencia de muchas familias de la zona. Ese antecedente fue valorado por los informes sociales no sólo como un indicio de inserción laboral temprana, sino también como un reflejo de una adultización prematura. Los especialistas advirtieron que, por las responsabilidades que fue asumiendo desde muy chico, el adolescente no transita una adolescencia convencional.
A eso se suma otro elemento sensible del expediente: es padre de un bebé de 10 meses. Si bien no convive con el niño, en los informes incorporados a la causa se dejó constancia de que sí se hace cargo de su manutención y de parte de su crianza, algo que también fue mencionado como un factor relevante para analizar su madurez forzada y el tipo de presiones que atraviesa. Una fuente vinculada al caso señaló que, mientras estuvo alojado en el Centro de Admisión y Derivación, su madre llevó al bebé para que pudiera verlo, en una escena que fue descripta como “muy emotiva” por quienes presenciaron ese encuentro.
En cuanto a su entorno familiar, el relevamiento realizado por los equipos técnicos indicó que el adolescente vive en el barrio Autopista Sur, junto a sus padres, cinco hermanos, una cuñada y un sobrino. También se dejó asentado que todos los hombres de la casa trabajan y aportan a la economía familiar, y que el grupo no percibe planes sociales, más allá de la asignación familiar por hijo. Los informes además consignaron que sus padres tampoco tienen antecedentes penales, por lo que no se trata, en principio, de un contexto familiar marcado por historial delictivo.
Los profesionales que lo entrevistaron durante las primeras horas de intervención también señalaron que el joven mostró conductas y rasgos poco comunes para su edad, especialmente por el nivel de responsabilidades cotidianas que asume. En ese sentido, se recomendó que sea abordado por especialistas en salud mental, al entender que el caso no puede leerse solamente desde una lógica penal, sino también desde una mirada de protección integral y contención.
En paralelo, la investigación busca establecer por qué llevó el arma a la escuela. Esa sigue siendo la pregunta central del expediente. La primera explicación que trascendió es que el adolescente habría dicho que el arma no era suya y que la había llevado únicamente para mostrarla a sus compañeros. Esa versión, sin embargo, está siendo contrastada con el resto de la prueba.
También apareció otra línea que ahora deberá profundizar la fiscalía: según trascendió, el padre del menor habría asegurado que el revólver se lo había entregado un amigo para que se lo cuidara, y que su hijo se lo habría sacado sin autorización. Esa declaración, de confirmarse, podría abrir una investigación adicional para determinar cómo llegó el arma al entorno familiar y si existe responsabilidad penal de un adulto por la tenencia previa del revólver.
Además, durante las primeras averiguaciones surgieron versiones que indican que el joven habría tenido en los últimos tiempos algunos problemas de conducta en la escuela, e incluso llegó a manos de los investigadores el dato de que podría haber amenazado a una docente. Ese punto todavía está bajo análisis y la fiscalía busca identificar a la profesora mencionada para tomarle declaración y determinar si existieron advertencias previas, conflictos puntuales o señales de alarma antes del episodio.
Ese posible antecedente escolar es uno de los elementos que más preocupa a los investigadores, porque permitiría establecer si el ingreso con el arma fue un acto aislado, una conducta impulsiva o si existía algún conflicto previo que haya escalado de manera silenciosa dentro del establecimiento.
Durante la audiencia, la jueza Elizabeth Raddi dejó en claro que la decisión de mantenerlo alojado en Benjamín Paz no responde únicamente a una lógica punitiva, sino a la necesidad de que el adolescente sea evaluado en profundidad por profesionales. Lo que busca la Justicia, al menos en esta primera etapa, es contar con un diagnóstico serio sobre su situación emocional, familiar y conductual antes de resolver cómo seguirá el proceso.
Por eso, más allá de la figura penal que se le atribuye, la permanencia en el dispositivo socioeducativo aparece como una medida orientada también a observar, contener y diagnosticar. El expediente tiene un componente judicial evidente, pero también un costado social y psicológico muy marcado.
El caso, en definitiva, no sólo abrió una investigación por la presencia de un arma en una escuela, sino que expuso la historia de un adolescente sin antecedentes, con trabajo precoz, paternidad temprana, fuertes responsabilidades familiares y señales de una vida atravesada por exigencias impropias de su edad. Ahora, la Justicia intentará determinar si todo eso ayuda a explicar por qué tomó la decisión de ir armado a clases