La crisis institucional que atraviesa la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) entró en una semana decisiva. La fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala presentó un nuevo escrito ante el Juzgado Federal N°2 para reclamar que se la proclame como única fórmula habilitada y pueda asumir la conducción de la universidad este viernes.
El planteo se produce en medio del conflicto abierto tras la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, que suspendió de manera provisoria la candidatura del actual rector Sergio Pagani para un nuevo mandato consecutivo.
El reclamo: proclamación inmediata y cumplimiento de la cautelar
La presentación fue realizada por el apoderado Manuel Gonzalo Casas, quien sostuvo que las decisiones posteriores tomadas por la Junta Electoral y el Consejo Superior terminaron afectando únicamente a la fórmula opositora.
En el escrito solicitaron que la Justicia exhorte con carácter urgente a la UNT a cumplir estrictamente la medida cautelar vigente y deje sin efecto resoluciones que postergaron el proceso electoral.
Desde el espacio de Cabrera-Abdala sostienen que, al quedar suspendida la candidatura oficialista, ellos deberían ser considerados la única fórmula en condiciones de competir y, por lo tanto, ser proclamados y asumir el 29 de mayo.
Cuestionamientos al cambio de cronograma
Uno de los principales puntos del reclamo apunta contra la decisión de trasladar la Asamblea Universitaria del 20 de mayo al 10 de junio.
Para el sector opositor, modificar el cronograma implica desconocer el proceso electoral previamente aprobado y extender efectos que —afirman— la cautelar nunca dispuso.
Además, remarcaron que los recursos presentados por la UNT contra el fallo no suspenden automáticamente su cumplimiento.
Semana clave para el futuro institucional de la Universidad
El conflicto adquiere mayor tensión porque el jueves finaliza formalmente el mandato de Sergio Pagani al frente del Rectorado.
Con ese escenario, el viernes el nuevo Consejo Superior deberá resolver cómo se administrará la transición institucional hasta que se concrete la Asamblea Universitaria prevista para junio.
Mientras tanto, desde el oficialismo sostienen una posición distinta: consideran que la fórmula Pagani–Mercedes Leal continúa vigente hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo de la causa y cuestionan lo que entienden como una intervención judicial sobre la autonomía universitaria.
La definición ahora vuelve a quedar en manos de la Justicia.