Con casi 30 allanamientos acumulados en cinco meses y ramificaciones que alcanzan a Tucumán, la investigación por presuntas coimas en importaciones con dólar oficial empieza a mostrar un entramado que podría escalar a niveles sensibles del poder político y financiero. En el centro de la escena aparece Elías Piccirillo, vinculado a la firma SuCrédito, cuya situación judicial se agrava a medida que avanza la causa.
¿Cómo operaba el esquema bajo el cepo?
Según fuentes judiciales, al menos cuatro empresarios habrían pagado sobornos de entre el 10% y el 15% para obtener autorizaciones de importación durante el período más restrictivo del cepo, entre 2022 y 2023. El mecanismo estaba atado al sistema SIRA, que regulaba el acceso al dólar oficial y dependía de organismos clave como el Banco Central, la Aduana, la AFIP y la Secretaría de Comercio.
La investigación, a cargo del fiscal Franco Picardi y bajo la órbita del juez Ariel Lijo, ya identificó operaciones por más de US$3,5 millones, todas vinculadas a importaciones reales.
Funcionarios del BCRA y empresarios, bajo la lupa
Hasta el momento, hay cinco funcionarios del Banco Central imputados, todos del área de supervisión de entidades no financieras. También figuran empresarios del rubro financiero y cambiario, entre ellos Piccirillo, quien ya estaba detenido en el marco de otra causa.
Uno de los puntos que más inquieta a los investigadores es la posible participación de actores “a ambos lados del mostrador”, incluyendo auditores externos con vínculos en estudios contables que asesoraban a empresas.
El nexo con Tucumán
Los allanamientos realizados en SuCrédito y otras financieras en la provincia posicionan a Tucumán dentro del mapa de una causa que hasta ahora se movía en silencio. La aparición de chats, testimonios y dispositivos electrónicos secuestrados podría aportar nuevas pruebas en los próximos días, cuando se levante el secreto de sumario.
¿Qué puede pasar ahora?
La causa entra en una etapa clave. El fiscal pidió levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas, lo que podría exponer el circuito completo de las maniobras.
El volumen del negocio bajo sospecha explica la sensibilidad del expediente: solo en 2023, las importaciones argentinas rondaron los US$75.000 millones. Incluso un porcentaje mínimo de ese total implica cifras millonarias en posibles retornos ilegales.