La causa contra Juan Facundo Ale, Jorge González Anaya y Juan Nicolás Vargas continúa avanzando y, si no surge ningún inconveniente legal, los tres serán enjuiciados después de la feria judicial de julio por el tiroteo registrado el 21 de septiembre del año pasado en el salón La Foresta.
El fiscal Mariano Fernández acusó a González Anaya y a Vargas por portación ilegal de armas de guerra y anticipó que solicitará para ambos una pena de cuatro años y medio de prisión. A Ale le atribuyó los delitos de portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma de fuego, por lo que pedirá una condena de seis años y medio de prisión.
Según la acusación, durante la madrugada del 21 de septiembre se realizó una fiesta en La Foresta que se extendió hasta el mediodía. En el lugar se encontraban González Anaya y Vargas, quienes portaban armas de guerra sin autorización legal. Cerca de las 12, Ale llegó a bordo de un VW Passat, descendió del vehículo y comenzó a disparar contra ambos. González Anaya terminó herido en una pierna y Vargas respondió al ataque junto con González Anaya desde el interior del predio. Ale tampoco contaba con autorización para portar armas.
“Se trata de un hecho de extrema gravedad que provoca conmoción no sólo entre las personas que se encontraban presentes, sino también en la sociedad”, sostuvo Fernández al fundamentar la elevación de la causa a juicio.
El fiscal agregó que se trató de “un caso de abuso y portación de armas” y señaló que la acción de Vargas, González Anaya y Ale se produjo “en el contexto de una fiesta electrónica en la que había numerosas personas”, lo que generó “una situación de riesgo evidente”.
Una de las pruebas consideradas más relevantes por la acusación es un informe elaborado por un especialista que, mediante un análisis comparativo de sonidos, concluyó que Facundo Ale habría utilizado un arma de alto calibre durante el enfrentamiento. El arma que habría usado nunca fue encontrada.
La investigación comenzó como una supuesta disputa por el control de la barra brava de San Martín, pero con el avance de la pesquisa surgieron indicios que apuntaban a un conflicto relacionado con el dominio territorial de actividades vinculadas al narcotráfico.
En el marco de la causa fueron detenidos Javier “Chuky” Casanova y Walter “Petiso David” Lobos. Casanova fue acusado inicialmente de haber participado en el tiroteo, pero luego fue sobreseído al comprobarse que no tuvo intervención en el hecho. Sin embargo, durante los allanamientos realizados en sus domicilios, las autoridades encontraron estupefacientes, por lo que ambos fueron procesados por la Justicia Federal y actualmente permanecen detenidos.
Tras el enfrentamiento, Ale huyó del lugar y no volvió a saberse de su automóvil. El vehículo reapareció cuando Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas, murió en un accidente de tránsito en la zona norte de la capital. Los investigadores sospechan que Ale se lo habría entregado para que lo ocultara.
A González Anaya le revocaron el arresto domiciliario cuando la Policía encontró tres kilos de marihuana en la vivienda donde cumplía la medida cautelar.
Los defensores de los acusados cuestionaron sin éxito los procedimientos policiales que derivaron en las detenciones. Lobos fue quien más objetó el accionar de los uniformados. Sus familiares incluso realizaron una manifestación para exigir su liberación, al sostener que la droga hallada en su domicilio había sido plantada por efectivos policiales. Semanas después de ser arrestado, fue procesado por lavado de activos.
Ale es quien enfrenta el escenario judicial más complejo. En abril del año pasado fue condenado a un año y medio de prisión de ejecución condicional por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, por lo que, en caso de una eventual condena, ambas penas podrían ser unificadas.