Una investigación de la Justicia Federal de Tucumán permitió desarticular una organización acusada de abastecer con armas de fuego al crimen organizado en Chile mediante un sofisticado esquema de triangulación que utilizaba el mercado legal para encubrir operaciones de contrabando.
La causa, encabezada por el fiscal federal Agustín Chit, derivó en el procesamiento de ocho personas, entre ellas empleados de una armería de San Miguel de Tucumán, proveedores, intermediarios y supuestos usuarios legítimos que habrían actuado como testaferros para ocultar el verdadero destino del armamento.
Cómo funcionaba la maniobra
Según la investigación, la organización captaba personas habilitadas para la tenencia legal de armas y registraba las compras a su nombre. Una vez obtenida la documentación correspondiente, las pistolas y fusiles eran entregados inmediatamente a la red encargada de trasladarlos de manera clandestina hacia Chile.
La pesquisa determinó además que algunos empleados de la armería habrían falsificado firmas y utilizado documentación apócrifa para acelerar los trámites y dar apariencia de legalidad a las operaciones.
Uno de los hallazgos más llamativos surgió durante el análisis de la documentación: una de las armas secuestradas figuraba registrada a nombre de una persona fallecida en 2020, varios años antes de la presunta compra.
El operativo que destapó la red
La investigación comenzó a tomar forma en diciembre de 2023, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un ómnibus en La Invernada y descubrieron que dos ciudadanos chilenos transportaban ocho pistolas de distintos calibres ocultas en su equipaje.
Las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares secuestrados y los registros de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) permitieron establecer que las armas habían sido adquiridas en Tucumán pocos días antes del viaje.
Vinculación con una megacausa en Mendoza
Los investigadores determinaron que la maniobra formaba parte de una estructura más amplia que ya era investigada en Mendoza, donde 34 personas se encuentran próximas a ser juzgadas por delitos similares.
De acuerdo con la causa, Tucumán funcionaba como uno de los principales puntos de adquisición de armamento. Desde allí, las armas eran trasladadas por vía terrestre y posteriormente cruzadas hacia Chile, principalmente a través del paso internacional Cristo Redentor.
Embargos y restricciones
Aunque el juez federal José Manuel Díaz Vélez no dispuso la prisión preventiva de los acusados, sí ordenó embargos que alcanzan los $12 millones y estableció la prohibición de salida del país para todos los imputados mientras avanza la investigación.
La Justicia busca determinar ahora el alcance total de la organización y establecer cuántas armas lograron ser ingresadas ilegalmente al país vecino mediante este mecanismo.