Estudiantes del Colegio San Pablo Apóstol se movilizaron para exigir respuestas tras la denuncia contra un compañero acusado de manipular imágenes con inteligencia artificial y comercializarlas. Desde la institución confirmaron que intervienen organismos educativos y sociales.
La comunidad educativa del Colegio San Pablo Apóstol, en la localidad tucumana de San Pablo, atraviesa horas de preocupación tras una denuncia que involucra a un estudiante acusado de crear y difundir imágenes íntimas falsas de sus compañeras mediante inteligencia artificial. El caso provocó una protesta de alumnos que reclaman medidas concretas y exigen la expulsión del adolescente señalado.
Durante la manifestación, realizada frente al establecimiento, los estudiantes expresaron su preocupación por la situación y pidieron que se garantice la protección de las jóvenes afectadas. Según relataron, algunas de ellas dejaron de asistir a clases, mientras que el estudiante denunciado tampoco estaría concurriendo al colegio.
Cómo se habría descubierto la difusión de las imágenes
De acuerdo con testimonios de estudiantes difundidos por medios locales, el caso salió a la luz cuando un compañero habría encontrado el material en el celular del adolescente señalado.
Las versiones difundidas mencionan distintas cantidades de contenido: algunas hablan de alrededor de 270 fotografías, mientras que otras refieren a más de 285 imágenes y videos.
Según los relatos de alumnos, el material habría circulado inicialmente entre estudiantes a cambio de dinero y luego habría sido ofrecido a personas ajenas al establecimiento a través de una página de OnlyFans.
No obstante, la cantidad de imágenes, la presunta comercialización y el alcance de la difusión deberán ser determinados por las autoridades competentes. Por el momento, la información disponible se basa en testimonios y denuncias que requieren investigación.
Alumnos también denunciaron situaciones anteriores
Durante la protesta, algunos estudiantes afirmaron que ya se habían planteado otros problemas de convivencia y presuntos episodios de acoso ante las autoridades escolares en años anteriores.
Entre los testimonios se mencionaron supuestos tocamientos, golpes y filmaciones realizadas a escondidas. También señalaron que, según sus relatos, el adolescente habría respondido que no existían pruebas para responsabilizarlo.
Estas declaraciones forman parte de los reclamos de los estudiantes y no constituyen, por sí mismas, hechos cuya verificación oficial se haya informado.
Los alumnos comenzaron la movilización en la plaza ubicada frente al colegio y luego buscaron reunirse con los directivos. Según contaron, inicialmente no pudieron ingresar, aunque finalmente mantuvieron un encuentro con representantes de la institución y del área educativa del Arzobispado.
Además, cuestionaron la respuesta recibida y denunciaron que algunos cursos no habrían podido sumarse a la manifestación.
Qué respondió el Colegio San Pablo Apóstol
Carlos Fernández, representante legal del establecimiento, explicó que el caso involucra a dos alumnos y aseguró que la institución notificó a los organismos correspondientes.
Según indicó, intervienen el Ministerio de Educación, el Arzobispado, el Servicio de Asistencia Social Escolar (SACE) y el Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI).
Fernández señaló que el colegio busca actuar con prudencia mientras avanzan las actuaciones y confirmó que se realizaron reuniones con padres y estudiantes.
El reclamo por la protección de las jóvenes
Uno de los principales cuestionamientos de los alumnos está relacionado con la posibilidad de que el adolescente señalado continúe su escolaridad de manera remota, mientras las estudiantes afectadas permanecen fuera de las aulas.
“Él va a seguir con su vida, pero ellas van a cargar con esto toda su vida”, expresó una compañera durante el reclamo.
La frase sintetizó el malestar de quienes exigen que las decisiones prioricen el bienestar de las jóvenes y permitan que puedan regresar a clases en condiciones seguras.
Mientras intervienen los organismos correspondientes, la comunidad educativa reclama que se esclarezca lo sucedido, se determinen las responsabilidades y se adopten medidas para evitar nuevas situaciones de hostigamiento o exposición.
El caso vuelve a poner en discusión la violencia digital, el uso de inteligencia artificial para manipular imágenes íntimas y la responsabilidad de las instituciones educativas ante denuncias que afectan la integridad y la privacidad de sus estudiantes.