Una denuncia de extrema gravedad sacude a Tucumán y expone un escenario donde se entrecruzan violencia intrafamiliar, vulnerabilidad y cuestionamientos al accionar judicial. Liliana Antonia Romano, periodista con discapacidad visual, aseguró que vive “en riesgo de muerte” dentro de su propia vivienda y denunció falta de respuestas por parte de la Justicia.
Denuncia por violencia y riesgo inminente
La mujer afirmó que sufre agresiones reiteradas en el marco de un conflicto familiar por la propiedad ubicada en calle Güemes al 800. Según consta en presentaciones judiciales y ante el Ministerio Público Fiscal, el enfrentamiento se originó por una disputa sucesoria que derivó en episodios de violencia que —según su relato— llevan años.
Romano aseguró que cuenta con una medida de protección vigente desde 2024, pero advirtió que no se estaría cumpliendo.
Relatos de agresiones y amenazas
En su denuncia, la periodista describe situaciones de extrema gravedad: golpes, amenazas y hasta intentos de asfixia. Sostiene que no se trata de hechos aislados, sino de una escalada sostenida en el tiempo.
“Vivo con miedo todos los días. Estoy en riesgo constante y no tengo protección efectiva”, expresó.
Condiciones de la vivienda y denuncias alarmantes
Uno de los puntos más inquietantes del caso es el estado del inmueble. Romano denunció que sectores de la casa habrían sido “electrificados”, lo que le provocó descargas, en un contexto agravado por la humedad y las lluvias recientes.
Además, indicó que le restringen el acceso a servicios básicos como el agua y que la vivienda presenta un deterioro estructural severo, con riesgo de derrumbe y peligro eléctrico.
Reclamos por falta de intervención
Pese a haber presentado documentación médica, denuncias y registros judiciales —y a la supuesta intervención de organismos como la Oficina de Violencia Doméstica—, la mujer aseguró que no obtuvo respuestas efectivas.
Según su testimonio, “nadie inspeccionó la vivienda” hasta el momento, a pesar de la gravedad de lo denunciado.
Un conflicto judicial sin resolución
En paralelo, el caso tiene un frente civil: Romano inició en 2024 un juicio de desalojo que, según indicó, no presenta avances significativos. También denunció demoras en la aplicación de medidas cautelares.
La Justicia, ante un caso urgente
El expediente quedó bajo la órbita judicial, que deberá determinar responsabilidades y evaluar medidas urgentes para garantizar la integridad de la denunciante.
Mientras tanto, el caso pone en evidencia una situación crítica donde confluyen violencia familiar, vulnerabilidad y cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de protección.