La Justicia provincial ordenó la detención de los responsables de una concesionaria de autos de Yerba Buena acusados de haber desplegado una serie de maniobras fraudulentas en operaciones de compra y venta de vehículos que habrían dejado múltiples víctimas y perjuicios económicos millonarios.
La medida fue dispuesta por el juez Guillermo José Di Lella, del Centro Judicial Capital, a partir de un pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°2, que solicitó allanamientos, detenciones y el secuestro de elementos vinculados a la causa.
La investigación involucra a Matías José Díaz Vier, Anabel García y Javier Alejandro Goitea, vinculados a la concesionaria DG Cars (o DG Automotores), con domicilio en avenida Solano Vera 945 de Yerba Buena, señalada como el eje de una serie de operaciones comerciales que, según la fiscalía, habrían sido utilizadas para cometer estafas.
En la resolución judicial, se señala que el pedido fiscal se basa en un legajo principal que acumuló múltiples denuncias con un patrón de conducta similar, lo que permitiría advertir un “modus operandi repetido de los investigados”.
Una serie de denuncias acumuladas
El expediente detalla que el legajo principal S-104861/2025 reúne al menos diez actuaciones vinculadas entre sí, en las que diferentes víctimas denunciaron maniobras similares.
Uno de los casos citados por el tribunal corresponde a una mujer que adquirió una Ford Ranger mediante un crédito prendario por $11.520.000 gestionado en la agencia, dinero que fue desembolsado junto con otra suma en efectivo. Sin embargo, según consta en la causa, el vehículo nunca fue entregado.
De acuerdo con la presentación fiscal citada por el juez, la situación derivó incluso en una exigencia adicional de dinero. En la resolución se indica que “la agencia se negó a entregar el vehículo, derivando en una extorsión de $4.000.000 por parte de un tercero”.
Otro de los legajos incorporados a la investigación describe la denuncia de un hombre que entregó su Volkswagen Nivus libre de deuda a cambio de un Toyota Yaris que estaba prendado y en ejecución por una entidad bancaria.
Según surge del expediente, cuando la víctima reclamó por la situación, habría recibido amenazas. El documento judicial menciona que Díaz Vier lo habría intimidado telefónica y presencialmente.
También se investiga el caso de un cliente que buscaba comprar un Ford Fiesta y transfirió $3 millones en concepto de seña a una cuenta bancaria vinculada a una de las imputadas, sin que la operación se concretara posteriormente.
Allanamientos y detenciones
A partir del análisis de las denuncias y de la evidencia reunida por la fiscalía, el juez consideró que existían elementos suficientes para autorizar las medidas solicitadas.
En ese contexto, dispuso allanamientos en domicilios vinculados a los imputados, junto con las detenciones y el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.
El juez autorizó que los procedimientos se realizaran de manera simultánea, al considerar que existía riesgo de que los sospechosos ocultaran bienes o documentación relevante para la investigación.
El objetivo de estas medidas es reconstruir las operaciones comerciales realizadas por la concesionaria, determinar el destino del dinero recibido y establecer si existieron más víctimas. Los investigadores concentraron la búsqueda en la existencia de vehículos presuntamente involucrados en las maniobras, documentación comercial y soportes digitales.
Entre los elementos secuestrados figuran contratos de compraventa y consignación, formularios 08, títulos de propiedad, comprobantes de pago, agendas de clientes y registros contables, además de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que podrían contener información sobre las operaciones realizadas.
También se dispuso el secuestro de dinero en efectivo cuyo origen no pudiera justificarse y de rodados que aparecen mencionados en las denuncias, en un intento por reconstruir el circuito de las transacciones investigadas.
El magistrado ordenó la detención de Matías José Díaz Vier, Anabel García y Javier Alejandro Goitea, y dispuso su procesamiento por el presunto delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal Argentino. El mismo establece que “será reprimido con prisión de un mes a seis años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación”.
La postura de la defensa
Desde la defensa de los imputados, el abogado Patricio Char cuestionó la calificación penal de los hechos y planteó que el conflicto debería analizarse en el ámbito comercial. “En una Argentina golpeada por la crisis económica, donde empresas, comercios y hasta entidades financieras atraviesan enormes dificultades, no podemos confundir una estafa con un incumplimiento contractual”, sostuvo el defensor.
En esa línea, el letrado afirmó que para que exista delito debe acreditarse una maniobra fraudulenta deliberada. “El derecho penal exige dolo y una maniobra fraudulenta concreta, no simplemente la imposibilidad de afrontar obligaciones económicas en un contexto crítico como el actual”, remarcó Char.
Cómo sigue la causa
Los investigadores no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas, ya que varias de las operaciones analizadas se extendieron durante meses y bajo distintas modalidades comerciales.
La pesquisa busca establecer además el monto total del perjuicio económico generado por las operaciones atribuidas a los imputados y determinar si existieron otros posibles partícipes en las maniobras.