En una decisión que reconfiguró el temario legislativo de último momento, la Legislatura de Tucumán no avanzará con una nueva declaración de emergencia hídrica y social. Detrás de ese giro aparece con peso propio la postura del legislador Claudio Viña, quien advirtió sobre la superposición normativa y la falta de rendición de cuentas en torno a las emergencias vigentes.
Sus observaciones terminaron siendo determinantes para que el oficialismo desistiera del tratamiento del proyecto en la sesión del díajueves.
Una advertencia clave que cambió el rumbo
Viña había señalado que la provincia ya se encuentra bajo emergencia hídrica desde 2007, un régimen que fue prorrogado en múltiples ocasiones y que continúa vigente.
Sobre esa base, el legislador cuestionó la necesidad de sancionar una nueva ley sin antes evaluar resultados concretos ni exigir informes sobre los fondos utilizados en el marco de las normativas anteriores.
El proyecto que quedó en pausa
La propuesta, impulsada por el peronista Gerónimo Vargas Aignasse y acompañada por otros legisladores, buscaba declarar la emergencia económica y social por 180 días para atender los daños provocados por las recientes inundaciones.
El objetivo era dotar al Estado de herramientas excepcionales para asistir a familias afectadas, recuperar infraestructura y sostener la actividad productiva en las zonas más golpeadas.
Sin embargo, el debate quedó postergado tras las objeciones planteadas, que abrieron interrogantes sobre la eficacia de las medidas anteriores.
Más control y menos discrecionalidad
La postura de Viña se centró en la necesidad de priorizar el control del gasto público y evitar la acumulación de leyes de excepción sin resultados visibles.
En ese sentido, el legislador viene insistiendo en que las emergencias no pueden transformarse en mecanismos permanentes sin evaluación ni transparencia.