La investigación por el caso de estafas en la compra y venta de vehículos en Yerba Buena continúa avanzando. Mientras la Justicia rechazó el pedido de morigerar la detención de dos de los tres imputados, se confirmó que aparecieron al menos otros 10 denunciantes.
Según la acusación realizada por el fiscal Fernando Blanno, Matías José Díaz Vier (40), su pareja Anabel García (37) y Javier Goitea habrían montado un esquema delictivo bajo la fachada de una concesionaria llamada DG Cars, simulando operaciones legítimas de compraventa de vehículos. De acuerdo con la teoría del caso, ofrecían unidades, recibían rodados en consignación o como parte de pago y percibían importantes sumas de dinero que luego no eran restituidas, incumpliendo deliberadamente los compromisos asumidos.
Entre las maniobras detectadas se encuentran la entrega de adelantos para generar confianza, la simulación de créditos prendarios inexistentes, la utilización de terceros, la emisión de comprobantes apócrifos y la transferencia de vehículos sin autorización de sus titulares. En varios casos, las víctimas no solo perdieron el dinero invertido, sino también sus bienes o quedaron comprometidas con deudas originadas en operaciones fraudulentas. A los acusados se les dictó la prisión preventiva, aunque se autorizó que la mujer la cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario por tener hijos menores de edad.
“Con un mayor conocimiento de la causa, de las evidencias y de las particularidades de cada denuncia, entendimos que correspondía revisar la necesidad de mantener una medida tan gravosa como la prisión preventiva dictada contra Díaz Vier y García”, sostuvo su defensora, Candela Álamo.
La profesional explicó que hasta el momento no se pudo probar ni explicar cuál habría sido la participación de sus defendidos en las maniobras investigadas. Respecto de Goitea, señaló que no todos los hechos presentan el mismo grado de sustento probatorio y que era necesaria una revisión más profunda.
La auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás y los representantes de las querellas se opusieron al planteo, al fundamentar que aún quedaban varias medidas por realizar y que los imputados podrían entorpecer la investigación. El juez Facundo Maggio rechazó el pedido.
Nuevos casos
Juan Guerrero, uno de los querellantes, explicó que esta investigación recién comienza y que, desde que el caso tomó estado público, se sumaron al menos 12 denuncias más. “Estamos hablando de un perjuicio económico que ya superó los $200 millones”, sostuvo en una entrevista con el diario LA GACETA.
“Esas nuevas denuncias no han sido objeto de una formulación de cargos. Cada presentación debe ser analizada de manera individual y con la seriedad que corresponde”, sostuvo Álamo. “La existencia de una denuncia no equivale a una condena ni determina automáticamente una responsabilidad penal”, añadió.
“Pareciera que el delito de estafa está de moda en nuestra provincia. En este caso particular, se trata de personas que confiaron sus vehículos o sus ahorros a un concesionario con la intención de vender un auto o adquirir uno. Pero, lamentablemente, del otro lado había una organización que tenía como finalidad engañarlas”, sostuvo Fabrizio Caruso, representante legal de una de las víctimas.
“El caso es realmente complejo. Se formalizaron 12 hechos de estafa en abril y, hasta la fecha, se sumaron 10 nuevos denunciantes. Hay víctimas que reclaman el reintegro del dinero y otras la devolución de sus vehículos. Pero cada vez se hace más difícil que los responsables puedan responder ante los damnificados, porque el perjuicio patrimonial se incrementa con el paso del tiempo”, añadió el profesional.
“Desde el primer día intentamos generar espacios de diálogo con las partes y buscar alternativas que permitan resolver el conflicto de la mejor manera posible, sin perjuicio de las discusiones que puedan existir respecto de los hechos investigados y de la participación atribuida a nuestros defendidos”, aseguró Álamo. “De hecho, ya se realizaron distintas propuestas económicas y se mantuvieron conversaciones con algunos de los involucrados”, finalizó la abogada.
Desmentida: la defensora negó que los acusados hayan enterrado dinero en el fondo de su casa
Esta causa tiene un ingrediente que la diferencia del resto de los expedientes abiertos por estafas en los últimos tiempos. En una de las audiencias, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás relató que un testigo, que habría tenido una relación laboral con los acusados, declaró haber presenciado la quema de documentación y el enterramiento de bolsas con dinero, lo que evidenciaría supuestas maniobras de ocultamiento y destrucción de pruebas.
A raíz de ese testimonio, los investigadores excavaron el fondo de la vivienda donde residían Matías José Díaz Vier y su pareja, Anabel García, aunque hasta el momento no se encontró ningún elemento de interés para la causa.
“Esa versión es absolutamente falsa. No existe ningún elemento incorporado al expediente que permita sostener semejante afirmación. No podemos seguir permitiendo que cualquier declaración realizada en fiscalía, sin respaldo probatorio, se instale públicamente como un hecho cierto. Ese tipo de afirmaciones terminan generando prejuicios y construyendo una imagen de los imputados sobre la base de rumores y no de pruebas”, sostuvo Candela Álamo, defensora de los acusados.