El éxito de una investigación suele depender de cómo se van enlazando los indicios que aparecen con el paso del tiempo. Eso fue lo que hizo la fiscala Adriana Giannoni cuando logró reunir una serie de evidencias que resultaron determinantes para esclarecer el crimen de Ángela Beatriz Argañaraz, ocurrido hace 20 años. Pero también fue necesario transitar por esa delgada línea que a veces separa lo legal de lo ilegal. Eso fue lo que ocurrió en este caso.
Los investigadores sabían que “Betty” había salido de su casa de El Manantial el 31 de julio de 2006 rumbo al colegio Padre Roque Correa, ubicado en pleno centro. Ese día era muy especial para ella: iba a asumir oficialmente como directora del establecimiento. Nunca llegó.
Con el correr de las horas surgió una versión sobre una supuesta disputa por la dirección del establecimiento educativo. La víctima había sido designada para el cargo al que también aspiraba la secretaria, Susana Acosta. Ambas, según relataron varias colegas, estaban organizando la despedida de la directora saliente.
Una decisión clave
En 2006 el uso de teléfonos celulares ya formaba parte de la vida cotidiana. Giannoni citó a su despacho al gerente de la empresa de telefonía móvil a la que pertenecía la línea de la docente para advertirle que necesitaba con suma urgencia un informe con las llamadas realizadas y recibidas, además de los mensajes de texto enviados y recibidos por “Betty”.
El ejecutivo, sin comprender del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, le respondió que reunir esa información demandaría al menos un mes.
“En realidad, las compañías tardaban no menos de 90 días en brindar esos datos. La fiscala lo sabía y por eso pidió hablar directamente con el gerente. Primero hizo un planteo sobre la responsabilidad social de la empresa y la importancia de colaborar con la Justicia. Luego le advirtió que podría ser investigado por entorpecimiento si no entregaba la información con urgencia”, recordó Ernesto Baaclini, ex secretario de la Fiscalía VIII.
Aunque parezca increíble, dos décadas después ese problema sigue siendo motivo de queja entre investigadores y funcionarios judiciales.
La estrategia dio resultado. Al día siguiente de esa reunión, el directivo envió un informe preliminar sobre la actividad del celular de “Betty”. La fiscalía recibió un extenso listado con todas las comunicaciones registradas.
“Una madrugada, cerca de la una, junto con Carlos Bustos Morón descubrimos que Argañaraz había recibido el siguiente mensaje: ‘Vení temprano que tengo un regalito para vos’. Seguimos buscando y encontramos que el primer mensaje que envió la víctima el día que fue vista por última vez decía: ‘Ya voy’”, explicó Giannoni en una entrevista con LA GACETA.
El dilema era determinar con quién se había comunicado la docente, ya que el titular de la línea no estaba identificado. La fiscala le pidió colaboración a Julio Navarro, ex pareja de la víctima. Él aseguró que ese número era utilizado por Nélida Fernández, pareja de Acosta.
“Teníamos que corroborarlo. Le dije a Bustos Morón que llamara a ese número. Lo hizo y, cuando lo atendieron, preguntó: ‘¿Hablo con Nélida Fernández?’. Le respondieron que sí. Cortó inmediatamente. Así se fue aclarando el panorama”, agregó la investigadora.
A los pesquisas se les presentó un nuevo obstáculo. La titularidad de la línea figuraba a nombre de un vecino de Yerba Buena, supuestamente pariente de una de las sospechosas. Eso les impedía solicitar un allanamiento en la vivienda de las ex novicias.
Una vez más tuvieron que recorrer la delgada línea entre lo legal y lo ilegal para avanzar en la causa.
Se presentaron ante el entonces juez de Instrucción Alfonso Arsenio Zóttoli para explicarle la situación.
“Argumentaron que tenían la certeza de que el teléfono no estaba en manos de su titular y que lo utilizaba una de las sospechosas. Sabían que la medida solicitada era inusual, pero también que era una de las pocas alternativas para avanzar en la investigación”, explicó un funcionario judicial. El magistrado, hoy retirado, analizó el planteo y, tras algunas horas, firmó la autorización.
Gustavo Morales, defensor de Fernández y Acosta, confirmó esa versión. “No tenían nada en su contra y no tuvieron otra alternativa que pedirle eso al juez. Por la presión que existía, autorizó los allanamientos. Esa situación, con el nuevo Código Procesal Penal, no hubiera prosperado”, aseguró.
En la fría madrugada del 4 de agosto, cuando las calles estaban desiertas, un importante operativo se desplegó en el edificio de Catamarca 30, donde vivían las sospechosas.
Los investigadores tocaron el portero y se identificaron. Minutos después, Acosta y Fernández bajaron con ropa de cama y les abrieron la puerta del hall. Tras explicarles el procedimiento que iban a realizar, las mujeres aceptaron, pero pidieron unos minutos para resguardar a la niña de siete años que vivía con ellas.
Las autoridades accedieron y, una vez que la menor fue llevada a una habitación, comenzó la búsqueda.
“Fueron horas de tensión. Recuerdo que Fernández, cada diez minutos, interrumpía el procedimiento para ofrecernos café. Fue tan insistente que, en un momento, Baaclini le advirtió que se estaba realizando una medida judicial y que no podía ofrecernos nada”, recordó uno de los efectivos presentes.
“Con el tiempo volvimos a hablar de esa situación y nos preguntamos qué hubiera pasado si aceptábamos la invitación”, añadió Baaclini.
Del departamento se llevaron el celular de Acosta, diversa documentación y el Ford Orion en el que se movilizaban. También dejaron una notificación: ambas debían presentarse horas más tarde en Tribunales para declarar como testigos.