La Comisión de Legislación General emitió dictamen favorable a un proyecto que permitirá obtener una resolución judicial en seis horas ante casos de difamación digital. La iniciativa excluye expresamente a los funcionarios públicos de su alcance para evitar restricciones a la libertad de expresión.
Esta mañana, la Comisión de Legislación General, presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, se reunió y emitió dictamen favorable a un proyecto de ley que incorpora, como capítulo especial dentro del Libro de Medidas Cautelares de la Ley 8933 —Código Procesal Penal de Tucumán—, un mecanismo judicial destinado a proteger el honor, la imagen y la reputación de las personas.
En diálogo con la prensa, Vargas Aignasse explicó que el proyecto apunta a establecer una medida cautelar rápida y efectiva para casos de violencia digital, calumnias, injurias y publicaciones difamatorias: «Hoy las redes sociales, potenciadas por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, muchas veces funcionan como ‘paredones de fusilamiento’, donde contenidos virales pueden destruir la reputación de una persona en muy poco tiempo».
«Cuando este proyecto se convierta en ley, le permitirá a cualquier afectado acudir a la Justicia y obtener una resolución en un plazo de seis horas. El juez podrá ordenar la eliminación del contenido, su desindexación y la preservación de pruebas, en caso de que la víctima quiera iniciar posteriormente acciones judiciales por calumnias e injurias», afirmó el legislador.
Al ser consultado sobre si la futura ley podría poner en riesgo la libertad de expresión, Vargas Aignasse fue terminante: «El proyecto incorpora una cláusula excepcional que excluye expresamente a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y entes autárquicos —hasta el rango de director— de la posibilidad de utilizar esta herramienta legal. Lo que buscamos es que nadie piense que esta normativa puede generar censura previa o limitar las críticas a la dirigencia política, al Gobierno o a los funcionarios».
«Los dirigentes políticos cuentan con otras herramientas para responder a cuestionamientos públicos, como el derecho a réplica o la posibilidad de expresarse a través de sus propias redes sociales y medios de comunicación», agregó.
Finalmente, el legislador advirtió sobre las consecuencias psicológicas del acoso y la difamación en redes sociales, y vinculó esta problemática con casos de suicidio ocurridos tanto en Tucumán como en otras provincias del país: «En los últimos años se registraron más de veinte casos de jóvenes que se quitaron la vida tras sufrir situaciones de escrache y viralización difamatoria». Asimismo, adelantó que el proyecto podría ser tratado en la próxima sesión legislativa.
De la reunión también participaron los legisladores José Macome, Christian Rodríguez, Carolina Vargas Aignasse y Sara Assan.