En el Ministerio Público Fiscal hay una realidad que pocos conocen: cada vez son más las causas que se abren por estafas. Una de ellas se conoció en las últimas horas y tiene como protagonista a una profesional que se desempeñaba en el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). Según la acusación, incluso habría utilizado el organismo para concretar la maniobra.
Según la imputación realizada por la auxiliar Daniela Briz Tomás, siguiendo instrucciones del fiscal Fernando Blanno, la abogada de 50 años -cuya identidad no fue difundida por las autoridades judiciales- habría aprovechado su condición profesional para ofrecer asesoramiento jurídico a un heredero sobre el inicio de una sucesión y la posterior venta de una camioneta Volkswagen Amarok a un tercero.
“La imputada informó al beneficiario de la sucesión y al futuro adquirente de la camioneta que iniciaría el trámite sucesorio y que se encargaría de realizar las gestiones de transferencia del vehículo, para lo cual se le entregó el título automotor y el pago correspondiente, como contraprestación por sus servicios jurídicos, por la suma de $895.000 mediante una transferencia a su cuenta bancaria”, explicó.
Título falso
Luego agregó: “A los fines de dotar de credibilidad a su engaño, en diciembre de 2024 se comunicó telefónicamente con el damnificado y le informó que la camioneta ya había sido transferida. Ante nuevos reclamos de los afectados, citó al comprador a una oficina del IPLA, ubicada en avenida Salta 174 de esta ciudad, donde le entregó un presunto título de la camioneta a su nombre, que luego se comprobó que era falso”.
En función de las pericias pendientes y de los informes bancarios y telefónicos, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó medidas de menor intensidad por seis meses, por lo que la acusada continuará el proceso en libertad.
Al momento de resolver, la jueza hizo reserva de competencia para intervenir en la causa, en razón de la materia que se investiga. Al tratarse de una presunta falsificación de documento público -como lo es el título de un vehículo-, el caso podría pasar a manos de la Justicia Federal.