La denuncia presentada por la concejal de Yerba Buena, Gabriela Garolera, contra su par Walter “Kabuby” Aráoz por violencia institucional, política y de género fue desestimada por la Justicia. El fallo concluyó que no se reunieron pruebas suficientes para respaldar las acusaciones de Garolera. Tras conocerse la resolución, Aráoz no dudó en calificar la denuncia como “una mentira inventada para ensuciarme”.
El origen del conflicto
La denuncia de Garolera surgió en un contexto de alta tensión política dentro del Concejo Deliberante, donde se debatía un proyecto impulsado por ella misma. La iniciativa proponía la creación de un programa municipal que obligaría a los funcionarios a someterse a tests toxicológicos periódicos, con sanciones o incluso la remoción del cargo en caso de resultados positivos.
El conflicto que derivó en la denuncia ocurrió entre febrero y marzo de 2026, durante una reunión de labor parlamentaria. Según la concejal, Aráoz la intimidó y agredió verbalmente con el objetivo de frenar el avance del proyecto. Garolera mencionó antecedentes de episodios similares y solicitó medidas de protección, incluida una restricción de acercamiento hacia el concejal.
La resolución judicial
La causa tuvo una gran repercusión política e institucional en Yerba Buena, ya que se dio en medio de un debate interno en el Concejo, dividido entre quienes apoyaban y quienes se oponían al proyecto de controles toxicológicos. Sin embargo, tras analizar las pruebas y testimonios, la Justicia desestimó la denuncia, concluyendo que no había evidencias suficientes para corroborar lo señalado por la concejal.
Aráoz, por su parte, aseguró que las declaraciones de testigos, incluidos miembros del Concejo, demostraron que no participó en el intercambio que Garolera había denunciado. Según su versión, el día del incidente, llegó tarde a la reunión, saludó al presidente del cuerpo y se sentó en su banca, sin intervenir en la discusión entre Garolera y los otros concejales. “No emití palabra alguna, no hubo contacto ni diálogo”, afirmó el edil.
Repercusiones y posibles acciones legales
Luego de la desestimación de la denuncia, Aráoz calificó las acusaciones como infundadas y vinculó el hecho con el contexto político local, especialmente con su rol en el Concejo y su posición frente al proyecto impulsado por Garolera. Aseguró que la denuncia carecía de base y afectó su imagen pública.
“Fue una mentira inventada para ensuciarme”, reiteró Aráoz, al mismo tiempo que cuestionó el uso de denuncias en el ámbito político, señalando que este tipo de situaciones afectan negativamente la institucionalidad y el funcionamiento del cuerpo deliberativo.
El concejal también adelantó que, junto a su equipo legal, está evaluando la posibilidad de iniciar acciones civiles por daños y perjuicios, considerando que la denuncia impactó de manera negativa en su trayectoria política.
El trasfondo político
Aunque el caso judicial ha llegado a su fin, el trasfondo político sigue siendo un tema vigente dentro del Concejo Deliberante de Yerba Buena. Las diferencias en torno al proyecto de controles toxicológicos y otros temas internos del cuerpo continúan latentes, mientras que el clima de tensión y división persiste en la política local.
De esta forma, el fallo judicial cierra el frente penal del caso, pero las repercusiones políticas y personales continúan marcando la agenda de los concejales y la comunidad de Yerba Buena.