En un gesto político de respaldo y control, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes, a primera hora, una reunión clave con la plana mayor de la Policía de Tucumán para analizar los hechos de mayor gravedad registrados en las últimas horas en la provincia.
Del encuentro participó el jefe de Policía, Joaquín Girvau, junto a las máximas autoridades de la fuerza. Allí se evaluaron en detalle los episodios recientes y se ratificó el acompañamiento total del Gobierno provincial para avanzar en cada investigación, con el compromiso de esclarecer los hechos y actuar sin excepciones.
Tras el encuentro, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, afirmó que el mandatario provincial está al tanto de cada situación y dio instrucciones claras: profundizar todas las investigaciones y avanzar hasta las últimas consecuencias.
“El gobernador está enterado paso por paso de cada uno de los hechos. Lo único que pidió es ir a fondo, profundizar cada investigación y que caiga quien tenga que caer. En Tucumán no hay impunidad”, sostuvo Girvau.
En ese marco, remarcó el respaldo político e institucional del Gobierno provincial a la fuerza policial: “El Gobierno de la provincia está dispuesto a apoyar todas las buenas acciones de la Policía. Nosotros estamos dispuestos a esclarecer estos hechos complejos como lo venimos haciendo”.
Respecto al caso de Erika Álvarez, el jefe policial señaló que no se descarta ninguna hipótesis y que el trabajo investigativo continúa de manera intensa. “Es un hecho gravísimo. No descartamos nada. La División Homicidios, nuestros técnicos y los directores generales de Investigaciones están trabajando para llegar a fondo. Seguramente seguirá habiendo detenidos”, afirmó.
Girvau confirmó además que ya intervinieron cuatro fiscalías y que la investigación quedó prácticamente encaminada bajo la órbita del fiscal Gallo, tras el receso judicial.
En relación a otros hechos recientes, como el ocurrido en Concepción, donde una persona perdió la vida, indicó que la Policía tomó inmediata intervención y que la causa está en manos de la Fiscalía correspondiente, mientras que el Servicio Penitenciario adoptó las medidas preventivas necesaria.