Liliana Nahid Carrizo continuará detenida al menos un mes más. Así lo resolvió el juez Raúl Robín Márquez en una audiencia realizada el viernes pasado, en plena feria judicial, tras hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para extender la medida cautelar. La solicitud fue respaldada por la querella, a cargo de la abogada Paula Morales.
Carrizo está imputada por la sustracción del teléfono celular del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Su defensa, encabezada por Emilia Giselle Ale, rechazó con firmeza la prórroga, al considerar que se trata de una decisión desproporcionada, dado que la mujer lleva un mes detenida por un delito cuya pena mínima coincide con el tiempo ya cumplido en prisión.
Desde la querella advirtieron que aún no se incorporaron pruebas clave a la investigación, como los registros de las cámaras de seguridad, y señalaron un “riesgo concreto” de entorpecimiento. Morales aseguró que, si recuperara la libertad, Carrizo podría influir sobre testigos o coordinar su versión con otras personas. También apuntó contra la actitud de la imputada, a quien acusó de mentir en su declaración al involucrar a un tercero, cuando —según la querella— las imágenes demostrarían que fue ella quien tomó el celular.
La gravedad del caso también fue un tema central en la audiencia, dado que la víctima es un funcionario público en ejercicio y que el dispositivo sustraído podría contener información de carácter sensible. El juez Márquez evaluó que no han existido cambios significativos en los motivos que llevaron a la imposición de la prisión preventiva al inicio del proceso, medida que había sido dictada por otro magistrado. Entre las diligencias que aún deben realizarse se mencionan peritajes sobre teléfonos secuestrados y declaraciones testimoniales de diferentes testigos.
Finalmente, el juez resolvió habilitar el tratamiento del caso durante la feria judicial, accediendo al pedido del Ministerio Público Fiscal y de la querella, y prorrogó la prisión preventiva de Carrizo por un período adicional de 30 días, que comenzará a contar desde el 19 de julio. Asimismo, ordenó la notificación a las autoridades penitenciarias y policiales para asegurar que la acusada permanezca alojada en el Complejo Penitenciario de Delfín Gallo.