La disputa por Malvinas vuelve a instalarse en el centro de la discusión política argentina y esta vez el escenario será el Congreso. Las iniciativas anunciadas por Javier Milei durante la cadena nacional del jueves comenzarán a transitar el camino parlamentario, en medio de críticas de la oposición por el momento elegido, pero también de coincidencias sobre la necesidad de sostener el reclamo de soberanía.
El paquete oficial incluye un endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen de actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina, una ampliación de las restricciones a proveedores y prestadores de servicios y un proyecto relacionado con la defensa de la soberanía nacional. En paralelo, el Gobierno busca avanzar con el fortalecimiento de la infraestructura militar en Tierra del Fuego.
La oposición cuestiona el momento, pero se prepara para debatir
Distintos sectores opositores calificaron los anuncios de electoralistas y cuestionaron la oportunidad política elegida por el Gobierno. Sin embargo, anticiparon que participarán del debate parlamentario y reclamarán que funcionarios del Poder Ejecutivo concurran al Congreso para explicar los alcances concretos de las medidas.
Uno de los posicionamientos más llamativos llegó desde el peronismo. El diputado Juan Grabois, pese a sus fuertes críticas a Milei, respaldó el endurecimiento de la postura argentina frente al Reino Unido.
“Aunque sea el peor Gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”, expresó.
El legislador consideró además que los anuncios implican un giro respecto de la política exterior que el Presidente había sostenido durante buena parte de su gestión.
“Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”, afirmó.
Grabois también sostuvo que los habitantes de las islas constituyen una población implantada y cuestionó que puedan invocar el derecho a la autodeterminación. “Ganamos la batalla cultural”, concluyó.
Sanciones para empresas y proveedores
Uno de los principales ejes del paquete oficial está relacionado con las compañías que participen, directa o indirectamente, de proyectos de explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.
La intención del Gobierno es ampliar las sanciones para alcanzar no solamente a las empresas que desarrollen los proyectos, sino también a proveedores y prestadores de servicios vinculados con esas actividades.
Entre las medidas anunciadas se contempla impedir que las compañías sancionadas puedan posteriormente contratar en territorio argentino, tanto con organismos estatales como con empresas privadas.
También se prevé, cuando corresponda, la posibilidad de aplicar el mecanismo de juicio en ausencia.
El foco está puesto en el proyecto petrolero Sea Lion
La iniciativa apunta especialmente contra el desarrollo petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en la cuenca norte de las Malvinas.
Según los planes de las compañías, la primera etapa de producción comenzaría en 2028.
Para el Gobierno argentino, el avance del proyecto supone la explotación de recursos naturales que Argentina considera propios, en un área cuya soberanía permanece en disputa con el Reino Unido.
La senadora libertaria Patricia Bullrich defendió la posición oficial y advirtió sobre las consecuencias de permitir el inicio de la producción.
“Si nosotros dejásemos que esa producción de petróleo comience, estaríamos aceptando el robo de estos recursos naturales y, de hecho, la profundización de una colonización en las Malvinas”, sostuvo.
Críticas desde Tierra del Fuego
Desde el peronismo, la senadora fueguina Cristina López cuestionó las medidas vinculadas con Tierra del Fuego y puso el foco en el financiamiento destinado a la infraestructura de defensa.
“Después de desfinanciar durante tu Gobierno la Base Naval Integrada de Ushuaia, ahora anunciás que vas a construir un Polo Logístico para fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur”, cuestionó.
López también rechazó las nuevas sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas y calificó los anuncios de Milei como “todo biri biri”.
El DNU que deberá pasar por el Congreso
Además de los proyectos de ley, el Parlamento deberá analizar el DNU que amplió las partidas presupuestarias destinadas al Ministerio de Defensa.
El decreto fue publicado después de la cadena nacional y forma parte del conjunto de medidas con las que el Gobierno busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.
Entre sus objetivos aparece el avance de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el refuerzo de las capacidades de telecomunicaciones y una mayor proyección estratégica hacia la Antártida.
El decreto deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, integrada por ocho diputados y ocho senadores.
Según la composición mencionada en el Congreso, el oficialismo y sus aliados reúnen una mayoría dentro de la Bicameral, mientras que el peronismo cuenta con una representación menor. Ese escenario anticipa un trámite favorable para el Gobierno en esa primera instancia.
Un debate con antecedentes desde 2012
Las nuevas iniciativas no parten de cero. El Congreso acumula desde hace años proyectos y pedidos de informes relacionados con la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas.
Uno de los primeros antecedentes mencionados se remonta a 2012, cuando la entonces diputada Liliana Fadul presentó una iniciativa después de que Rockhopper Exploration anunciara avances relacionados con Sea Lion.
En aquel momento, la legisladora sostuvo que cualquier actividad hidrocarburífera desarrollada en el territorio que Argentina considera propio, sin autorización de las autoridades nacionales, constituía una vulneración de los derechos soberanos argentinos.
En 2017, el entonces diputado peronista Guillermo Carmona realizó consultas al Poder Ejecutivo sobre la actividad petrolera británica en la cuenca norte de las islas.
Carmona cuestionó específicamente la falta de sanciones contra empresas vinculadas con Sea Lion y recordó las resoluciones de Naciones Unidas relacionadas con la disputa de soberanía.
Durante los años siguientes también se presentaron iniciativas desde distintos espacios políticos, entre ellas las impulsadas por Eugenia Alianiello, Sabrina Selva, Marcela Pagano y Jorge Araujo Hernández.
Más recientemente, Adriana Serquis y Juan Grabois promovieron un pedido de información sobre el avance de las operaciones hidrocarburíferas en la cuenca Malvinas Norte.
El Senado también dejó antecedentes
La Cámara alta intervino en diferentes oportunidades sobre la cuestión.
En 2017, el entonces senador del PJ Juan Mario País presentó un pedido de informes relacionado con la actividad hidrocarburífera británica en las islas y reclamó que el Estado argentino utilizara las herramientas diplomáticas y legales disponibles.
En 2018, la senadora Magdalena Odarda pidió que el Gobierno denunciara ante organismos internacionales los planes británicos para avanzar con la explotación petrolera en el área de Sea Lion.
La iniciativa fue girada a la Comisión de Relaciones Exteriores, pero no llegó a ser tratada y terminó archivada en 2022.
Malvinas, otra vez en el centro de la agenda
Con los proyectos anunciados por Milei, el Congreso volverá a tener sobre la mesa una discusión que lleva más de una década: cómo utilizar las herramientas legales, diplomáticas y económicas para impedir que empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas desarrollen actividades sin autorización argentina.
El debate tendrá además un fuerte componente político. El oficialismo busca presentar las medidas como parte de una estrategia de defensa de la soberanía y de los recursos naturales, mientras sectores de la oposición cuestionan el momento elegido y el uso político de la cuestión.
Sin embargo, las distintas posiciones coinciden en un punto: Malvinas continúa siendo una cuestión de Estado. Ahora, esa discusión volverá a trasladarse al Congreso, donde el Gobierno deberá convertir sus anuncios en iniciativas concretas y enfrentar el debate con la oposición.