En una jornada histórica para la política paraguaya, el Congreso de Paraguay destituyó este viernes 6 de noviembre al presidente Santiago Peña, luego de un juicio político impulsado por el escándalo financiero relacionado con el cierre de Ueno Bank, una crisis que afectó a millones de ahorristas.
La decisión fue adoptada por la Cámara de Senadores, que votó por unanimidad la remoción del mandatario, con 44 votos a favor y un legislador ausente. De esta manera, Peña quedó apartado del cargo por mal desempeño de sus funciones, poniendo fin anticipadamente al mandato presidencial que había iniciado el 15 de agosto de 2023.
La destitución se produjo después de que el mandatario intentara presentar su renuncia para evitar la continuidad del juicio político. Sin embargo, el Congreso no dio curso a su dimisión por falta de cuórum, por lo que el procedimiento constitucional siguió adelante hasta su resolución definitiva.
Durante la jornada, Peña también solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, argumentando que necesitaba más tiempo para analizar las acusaciones. El pedido fue rechazado por los senadores, que avanzaron con el tratamiento de las pruebas y los alegatos.
El ahora expresidente no compareció personalmente ante la Cámara Alta y estuvo representado por sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes expusieron los argumentos de la defensa durante el proceso.
El juicio político estuvo marcado por la profunda crisis desatada tras la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada al entorno del mandatario. La situación provocó el congelamiento de cuentas de aproximadamente tres millones de clientes, generando incertidumbre entre los ahorristas y una ola de protestas en distintas ciudades paraguayas.
En medio del escándalo, los legisladores cuestionaron la actuación del Gobierno y sus presuntos vínculos con las operaciones financieras de la entidad. Las acusaciones también apuntaron al manejo de fondos públicos y a posibles irregularidades que deberán ser investigadas por la Justicia.
Con esta decisión, Santiago Peña se convirtió en el segundo presidente elegido democráticamente en Paraguay en ser destituido mediante un juicio político desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en febrero de 1989.
El antecedente más importante ocurrió el 22 de junio de 2012, cuando el Congreso paraguayo destituyó al entonces presidente Fernando Lugo, también acusado de mal desempeño de sus funciones.
Tras su salida del poder, Peña podría enfrentar un proceso judicial por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. La destitución política no constituye por sí misma una condena penal, por lo que corresponderá a la Justicia determinar si existieron delitos y establecer las eventuales responsabilidades de los involucrados.
La resolución del Senado profundiza un escenario de crisis política, económica e institucional en Paraguay, mientras las autoridades enfrentan el desafío de garantizar la continuidad del Gobierno y buscar soluciones para los millones de ciudadanos afectados por el colapso bancario.