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viernes, julio 17, 2026
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Un cabo penitenciario, señalado por un violento asalto en Tucumán

El Gobierno de Tucumán dispuso la exoneración definitiva del cabo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) Ariel Gustavo Aráoz, quien fue condenado a ocho años de prisión efectiva por su participación en un violento robo agravado ocurrido en marzo de 2023.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 1.336/7 (SES), firmado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el secretario de Estado de Seguridad, Héctor Gustavo Vizcarra, luego de la finalización del sumario administrativo iniciado tras la imputación penal del agente.

El expediente interno se abrió a partir de la comunicación enviada por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Centro Judicial Capital, que notificó al Servicio Penitenciario sobre la prisión preventiva dictada contra Aráoz en la causa por un intento de robo agravado en banda, cuya víctima fue Oscar Alberto Bergamin. A raíz de esa situación, las autoridades suspendieron el trámite administrativo hasta que la Justicia dictara una sentencia definitiva.

Una vez concluido el proceso penal, la Justicia condenó a Aráoz como coautor del delito de robo triplemente agravado por el uso de arma de fuego, por haber sido cometido en poblado y en banda y por la participación de integrantes de la fuerza policial y del Servicio Penitenciario. La pena impuesta fue de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, además de las accesorias legales y las costas del proceso.

Según se desprende del decreto, durante la investigación administrativa el cabo decidió abstenerse de declarar y no presentó ningún descargo dentro de los plazos establecidos, por lo que las autoridades consideraron plenamente acreditada la falta disciplinaria.

Con los dictámenes favorables de la Asesoría Letrada, la Dirección General del Servicio Penitenciario y la Fiscalía de Estado, el Poder Ejecutivo resolvió aplicar la máxima sanción prevista en la normativa vigente: la exoneración.

De esta manera, Aráoz quedó formalmente expulsado del Servicio Penitenciario Provincial y no podrá volver a desempeñarse en la administración pública provincial ni integrar las fuerzas de seguridad de Tucumán.

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