A pocas horas de que se conozca la sentencia que podría marcar un punto final en la causa por el crimen de Paulina Lebbos, una nueva presentación judicial volvió a sacudir los tribunales penales de Tucumán. Alberto Lebbos solicitó el apartamiento del fiscal de Cámara Carlos Sale y pidió la nulidad parcial de su alegato, especialmente en lo referido al desistimiento de la acusación contra Sergio Kaleñuk.
El planteo, presentado junto al abogado querellante Juan Emilio Abraham Musi, califica la actuación del fiscal como “antojadiza y caprichosa”. Según sostienen, el representante del Ministerio Público no cumplió con su deber de objetividad al omitir el análisis de pruebas clave, afectando el derecho de la familia a una tutela judicial efectiva.
En ese marco, la querella exige que en un plazo de 24 horas se designe a un nuevo fiscal que formule una conclusión acorde a derecho antes de que se dicte el veredicto.
La presentación fue elevada a la Sala III, integrada por los jueces Gustavo Romagnoli, Luis Morales Lezica y Fabián Fradejas. Allí, Lebbos argumentó que el abandono de la acusación contra Kaleñuk carece de fundamentos legales y lógicos, lo que —a su entender— genera una nulidad absoluta.
El conflicto se profundizó tras los alegatos finales, cuando el fiscal solicitó prisión perpetua para César Soto, expareja de la víctima, pero desvinculó a Kaleñuk al sostener que existe una “orfandad probatoria”. Para la querella, esa postura constituye un caso de “oscurantismo procesal” y advierten que el fiscal no puede “convertirse en juez y parte” al decidir, sin control, el destino del proceso.
En el escrito, la familia remarcó que la posible responsabilidad de Kaleñuk no es nueva, sino que surge de resoluciones judiciales previas que lo señalaban como una figura clave dentro de una presunta red de encubrimiento.
También hicieron foco en pruebas tecnológicas que —según denuncian— fueron ignoradas. Entre ellas, registros telefónicos que ubicarían al acusado en coincidencia geográfica con los últimos movimientos del celular de Paulina el día de su desaparición.
Además, vincularon esta situación con la “parálisis sistemática” de otras causas derivadas del expediente principal, lo que —afirman— impidió avanzar sobre la manipulación de pruebas y consolidó un escenario de impunidad durante años en Tucumán.
El planteo incorpora además una perspectiva de género, al sostener que el Estado debe actuar con “debida diligencia reforzada” en casos de violencia contra mujeres. En ese sentido, advierten que la falta de condenas firmes podría enviar un mensaje de tolerancia frente a este tipo de delitos.
Tras más de dos décadas de reclamos, la familia Lebbos dejó asentada la reserva de acudir a instancias internacionales si el tribunal valida lo actuado por el fiscal. Con este nuevo capítulo, la expectativa crece en la previa de un fallo que mantiene en vilo a toda la provincia.