El diputado nacional encabezará el lunes una presentación judicial para cuestionar el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que habilita cuatro mandatos consecutivos en los cargos de gobernador y vicegobernador. La iniciativa contará con el acompañamiento de referentes del PRO, la UCR, Fuerza Republicana y Creo.
Mariano Campero avanzará contra la disposición constitucional que permite la continuidad de una misma persona durante cuatro mandatos consecutivos en la Gobernación o la Vicegobernación de Tucumán. El dirigente encabezará una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un planteo que podría tener repercusiones sobre el escenario político provincial y las aspiraciones de reelección del gobernador Osvaldo Jaldo.
La presentación fue anunciada para este lunes 26 de octubre, a las 10, durante una convocatoria en un hotel de San Miguel de Tucumán.
Qué cuestiona Campero de la Constitución de Tucumán
El planteo apunta específicamente al artículo 90 de la Constitución provincial, en el apartado que habilita cuatro mandatos consecutivos para una misma persona en los cargos de gobernador y vicegobernador.
La acción judicial buscará que el máximo tribunal del país se pronuncie sobre la constitucionalidad de esa disposición. El objetivo es obtener una declaración de inconstitucionalidad parcial del artículo.
La presentación pone en discusión las reglas que regulan la continuidad en el Poder Ejecutivo tucumano, en un contexto en el que la posibilidad de una nueva candidatura de Jaldo forma parte del debate político provincial.
El respaldo de distintos espacios opositores
Campero no estará solo en la iniciativa. Según lo anunciado, lo acompañarán referentes del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Fuerza Republicana y Creo, en una presentación que reúne a dirigentes de diferentes sectores opositores.
La convocatoria buscará dar respaldo político al planteo judicial y poner en discusión los límites a la permanencia en los principales cargos del Ejecutivo provincial.
Por ahora, la presentación constituye el inicio de una disputa judicial: será la Corte Suprema la que deberá evaluar el planteo y determinar si corresponde avanzar con el análisis de constitucionalidad solicitado.