La tercera audiencia del debate oral contra Daniel Edgardo Chavarría, ex sargento primero de la Policía, tuvo como protagonistas este miércoles a varios puesteros de una galería comercial de la zona de El Bajo, en Tucumán. Los testigos relataron ante la Justicia las maniobras que atribuyen al acusado y el perjuicio económico que habrían sufrido.
Durante la jornada, los comerciantes brindaron detalles sobre distintas operaciones vinculadas con el alquiler y la comercialización de puestos. Sus testimonios forman parte de la prueba presentada por el Ministerio Fiscal para sostener la acusación.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila. En representación de la fiscalía intervienen la auxiliar de fiscal Emely Rafael y la investigadora Florencia Giménez Saravia.
Según la acusación, Chavarría habría aprovechado la confianza que propietarios y feriantes depositaban en él para cobrar dinero en concepto de adelantos de alquiler y renovaciones contractuales correspondientes a 2024. Esas operaciones, sostiene el Ministerio Fiscal, habrían provocado un perjuicio patrimonial a los comerciantes y a la empresa propietaria del paseo comercial.
Además, se le atribuye haber aparentado tener facultades para comercializar locales que todavía se encontraban en construcción. De acuerdo con la teoría del caso, bajo esa modalidad habría concretado la venta de distintos puestos y recibido pagos de personas que creían estar realizando operaciones legítimas.
En los alegatos de apertura, la fiscalía sostuvo que el acusado habría ejecutado un plan sistemático y señaló que existe una pluralidad de víctimas que se presentaron a denunciar.
Entre las pruebas incorporadas se encuentra una pericia caligráfica realizada por la Dirección de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), sobre talonarios y recibos manuscritos que llevaban la firma del imputado.
Chavarría está acusado como presunto autor del delito de abuso de confianza, en concurso real con estafas reiteradas. El Ministerio Fiscal adelantó que solicitará una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.
El debate es conducido por la jueza María Alejandra Balcázar.