En una investigación que avanza entre silencios, giros inesperados y datos que aparecen con cuentagotas, una nueva pista volvió a sacudir el expediente por el crimen de Érika Antonella Álvarez. La joven habría recibido amenazas antes de morir, un elemento que ahora es analizado por los investigadores y que podría abrir una línea clave para entender el móvil del asesinato y determinar si hubo más personas involucradas.
El dato fue aportado por familiares de la víctima durante nuevas entrevistas realizadas en el marco de la causa. Según relataron, Érika les había advertido que una persona la estaba amenazando e incluso les pidió ayuda para identificarla a través de redes sociales. De acuerdo a esas declaraciones, la persona habría sido localizada, aunque por el momento se mantiene el más estricto hermetismo sobre su identidad y su vínculo con el principal acusado.
El crimen ocurrió entre la madrugada del miércoles 7 y la mañana del jueves 8 de enero. El martes 6, la joven de 25 años había salido de su vivienda rumbo a Yerba Buena, presuntamente hacia el domicilio de Felipe “El Militar” Sosa, imputado por homicidio simple. Según la teoría del Ministerio Público, Érika fue asesinada a golpes y su cuerpo luego abandonado en un descampado.
A lo largo de la investigación surgieron distintas hipótesis. La víctima mantenía una relación sentimental con un hombre identificado como “Carlos”, a quien su entorno describió como un “narco pesado”. Además, se conoció que Érika atravesaba un fuerte consumo problemático de drogas y que, en ese contexto de vulnerabilidad, participaba en encuentros sexuales a cambio de sustancias.
En ese entramado apareció con fuerza el nombre de Sosa. El propio imputado reconoció durante una audiencia que mantenía encuentros con la joven para consumir drogas. “Le pido disculpas a la familia, pero con Érika nos juntábamos a consumir”, declaró, lo que llevó a los investigadores a profundizar esa línea.
Con el avance de las medidas, los pesquisas volvieron a convocar a los familiares, quienes aportaron esta nueva información vinculada a una posible amenaza previa al crimen. Por ahora no trascendió si quien habría intimidado a Érika es un hombre o una mujer, ni qué tipo de relación mantenía con Sosa o con otras personas de su entorno. Tampoco está claro cuál habría sido el motivo de esa amenaza.
¿Descubrió algo que no debía? ¿Tuvo acceso a información sensible? ¿Su relación con Sosa o con “Carlos” generó conflictos? “Son las mismas preguntas que nos estamos haciendo”, admitió una fuente del Ministerio Público.
El abogado de la familia, Carlos Garmendia, sostuvo que no puede descartarse ninguna hipótesis. “Hay indicios que comprometen a Sosa, pero todavía no se sabe si actuó solo o si alguien colaboró antes o después del hecho”, señaló.
Mientras tanto, personas cercanas al imputado insistieron en cuestionar su situación procesal. En off, aseguraron que no era una persona violenta y recordaron que fue sobreseído en una causa previa por violencia de género. También mencionaron su consumo de drogas y una etapa personal compleja durante su divorcio, aunque remarcaron que su vida había cambiado tras iniciar una relación con Justina Gordillo, empleada judicial. “Tenían planes de viajar juntos, pero todo se frenó por lo ocurrido”, contó una amiga de la pareja.
En paralelo, surgieron novedades periciales: un especialista del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales confirmó que en los hisopados realizados al cuerpo de la víctima se encontraron muestras biológicas que podrían ser sometidas a análisis genéticos.
Además, Pedro Gallo será el cuarto fiscal en intervenir en la causa. En las últimas horas mantuvo una reunión con Marcelo Leguizamón para interiorizarse del expediente y, desde el lunes, quedará formalmente al frente de la investigación.