El femicidio de Érika Antonella Álvarez está cada vez más cerca de esclarecerse judicialmente. El fiscal Pedro Gallo, que está al frente de la investigación, continúa dando pasos procesales para lograr una condena contra los tres acusados. El primero fue acordar una condena clave con uno de los señalados y, en los últimos días, prorrogarle la prisión preventiva a la única imputada.
Álvarez fue encontrada sin vida el pasado 8 de enero en un basural de Manantial Sur. Según la teoría del caso de la Fiscalía de Homicidios I, que dirige Gallo, el 7 de enero la joven llegó en un vehículo de Uber hasta la vivienda de Felipe “El Militar” Sosa, ubicada en la calle Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena. Entre las 3.50 y las 7, el imputado, aprovechándose de una relación asimétrica de poder, la golpeó con extrema violencia, provocándole un traumatismo craneofacial y cervical que le causó la muerte. Luego habría envuelto el cuerpo de la víctima en bolsas de consorcio y lo abandonó en el descampado.
Por el crimen fue acusado Sosa, pero también fueron procesados por presuntas maniobras de encubrimiento Justina Gordillo -la pareja de Sosa en esos días-, Nicolás Navarro Flores -amigo personal del principal acusado- y Jorge “Chicho” Díaz -empleado del “Militar”-.
Un paso clave
Días atrás, Navarro Flores fue condenado a tres años de prisión efectiva a través de un juicio abreviado. Para los operadores judiciales, esa condena representa un paso clave en el proceso. Desde ese momento, se transformó en un testigo fundamental para el juicio. Se supone que, al haber recibido una pena, sus dichos ante un tribunal cobrarán mucha más fuerza. “Ya no será la palabra de un imputado que quiere salvar su situación”, destacó una de las partes.
El sentenciado fue el único de los cuatro procesados que aportó información muy importante para esclarecer el hecho. En concreto, declaró que Sosa había acabado con la vida de Érika. También señaló que Gordillo sabía de la muerte de la joven e incluso la vio en la casa del “Militar” cuando el cuerpo aún estaba allí. A Díaz lo acusó de haber limpiado la escena del crimen. Este último reconoció haber eliminado bolsas con objetos y la droga que le entregó el acusado del femicidio.
El acuerdo al que llegó con el representante del Ministerio Público, que implicaba recibir una condena efectiva y una reparación económica de $100 millones para la familia Álvarez, generó suspicacias en los pasillos de Tribunales. “Hay veces que no corresponde litigar por las pruebas que hay en el expediente. Navarro Flores cometió un error y aceptó la culpa. Él, con esta actitud, quiso salvar su honor”, sostuvo Patricio Char, defensor del acusado junto a Candelaria Hernández.
Otra de las cuestiones que disparó comentarios es que la pena sea de cumplimiento efectivo. “Está ajustada a derecho. El máximo de pena que establece el Código es de seis años y, al no tener antecedentes, no es descabellado que haya recibido una condena de tres. Con respecto a que deba cumplirla en la cárcel, tiene que ver con la gravedad del caso. Es uno de los femicidios más aberrantes de los últimos años”, explicó el profesional.
Char desmintió que en la negociación no se hubiera tenido en cuenta la situación de salud de Navarro Flores, que padece diabetes. “Nunca pedimos que esté en su casa por su situación, siempre dijimos que el Servicio Penitenciario no está preparado para brindarle la atención que corresponde”, aseguró el penalista.
Seguirá detenida
El lunes, en una audiencia de alto voltaje técnico, el Ministerio Público logró que se le prorrogara la prisión preventiva a Gordillo, la ex pareja de Sosa y funcionaria judicial, por tres meses más. En esta oportunidad, los acusadores, con el apoyo de la querella ejercida por Carlos Garmendia, sostuvieron que podría influenciar sobre Navarro Flores.
María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de la acusada, intentaron en vano que el magistrado rechazara el planteo. Argumentaron que era imposible que influyera porque el testigo está preso. Los profesionales impugnaron la resolución.
Con Díaz, según confiaron fuentes judiciales, sucedería lo mismo, ya que la prisión preventiva que le dictaron tiene vigencia hasta fin de mes. “Nos vamos a oponer porque no hay ninguna prueba en su contra”, destacó su defensor, Juan Pablo Bello.
La etapa final
Este es el presente procesal, pero ya se está analizando el futuro del caso. Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Gallo tiene listo el borrador del pedido de elevación a juicio del expediente.
En ese escrito, que se mantiene en el mayor de los secretos, el investigador pedirá que Sosa sea condenado a prisión perpetua por el femicidio de Érika. Es el más complicado de todos los acusados, ya que existen varias pruebas en su contra. No sólo se confirmó que Érika estuvo en su casa el día que fue asesinada, sino que también se encontraron rastros genéticos de Sosa en el cuerpo de la víctima. Además, la Justicia cuenta con el testimonio de Navarro Flores.
También solicitará que Gordillo sea condenada a seis años de prisión por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por ser el hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionaria pública.
En tanto, para Díaz solicitará una pena de seis años por encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por ser el hecho precedente especialmente grave.
El próximo paso será que Gallo solicite una audiencia para requerir la elevación a juicio. En esa etapa, el representante del Ministerio Público deberá fundamentar la acusación y enunciar las pruebas con las que cuenta para sostenerla. Los defensores deberán expresar su postura sobre el planteo y presentar las evidencias con las que cuentan. Un juez resolverá la cuestión y luego se fijará la fecha del debate, que podría realizarse antes de que finalice el año.