La situación laboral en Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) atraviesa un escenario de fuerte tensión. Trabajadores de la histórica empresa tucumana denunciaron más de 20 despidos y apuntaron contra la administración encabezada por Gustavo Olarte, a quien responsabilizan por una serie de desvinculaciones que, según sostienen, se realizaron mediante acusaciones infundadas y sin el pago de las indemnizaciones correspondientes.
El conflicto involucra a empleados de distintas áreas de la compañía, entre ellas ventas, técnica, cabecera y contaduría. Los afectados aseguran que algunos de los despedidos llevaban más de 30 años trabajando en la firma y que, después de décadas de servicio, quedaron en una situación de incertidumbre económica y laboral.
Las denuncias también alcanzan a las condiciones en las que se comunicaron las cesantías. Según los trabajadores, los telegramas incluyeron acusaciones de deshonestidad, inconducta, falta de productividad y supuestas llegadas tarde, cuestionamientos que consideran falsos y que, afirman, buscarían evitar el pago de las indemnizaciones.
Trabajadores con décadas de antigüedad y denuncias por despidos arbitrarios
Uno de los casos que expuso la dimensión humana del conflicto es el de Gabriela Zitzke, de 57 años, quien llevaba 36 años trabajando en CCC antes de recibir la notificación de su desvinculación.
La trabajadora contó que quedó en una situación de extrema vulnerabilidad económica y manifestó su preocupación por el futuro de sus compañeros.
“Nos mandan a la calle sin un peso con causas que son incomprobables, infundadas, que son mentiras”, expresó al referirse a los motivos invocados para justificar los despidos.
Zitzke también explicó que tiene a su cargo a sus padres ancianos con discapacidad, una responsabilidad que agrava las dificultades que enfrenta tras perder su fuente de ingresos.
Los empleados sostienen que las desvinculaciones afectaron a más de 20 personas y advierten que la reducción de la plantilla podría comprometer el funcionamiento de distintos sectores de la compañía.
El SATSAID llevó el reclamo a la calle
El conflicto tuvo uno de sus principales momentos de protesta el 30 de septiembre, cuando la seccional Tucumán del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) realizó una movilización en las inmediaciones de la empresa.
La organización gremial, conducida en la provincia por Roberto González, rechazó las cesantías y reclamó el cumplimiento de los derechos laborales. La protesta también fue acompañada por gestiones ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo.
González cuestionó el manejo de la compañía y expresó su preocupación por la situación de una firma que durante años tuvo un lugar destacado en el sector de la televisión por cable de Tucumán.
“Una de las empresas de televisión por cable con más prestigio de la provincia hoy atraviesa la peor situación de su historia producto del mal manejo de Olarte”, manifestó el dirigente sindical.
Desde el gremio denunciaron que la empresa estaría utilizando maniobras dilatorias para evitar el pago de las indemnizaciones y anticiparon que profundizarán las medidas de reclamo si no reciben respuestas.
Indemnizaciones, cobertura médica y temor por el futuro de la empresa
Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con las consecuencias económicas y sanitarias que enfrentan los trabajadores despedidos.
Los afectados y sus representantes gremiales sostienen que las desvinculaciones se realizaron bajo argumentos que buscan evitar el pago de las compensaciones legales. También expresaron preocupación por la interrupción de la cobertura de salud y las dificultades que podrían atravesar quienes tienen tratamientos médicos o familiares a cargo.
A esto se suma el temor de los empleados ante la posibilidad de que la empresa atraviese un proceso de convocatoria de acreedores o una eventual quiebra, un escenario que podría complicar el cobro de las deudas laborales.
Según las denuncias gremiales, ya existen fallos judiciales de primera instancia favorables a trabajadores que cuestionaron sus despidos. Sin embargo, aseguran que las apelaciones presentadas por la empresa demoran la resolución definitiva y el cobro de las indemnizaciones.
Un conflicto que sigue abierto
La conducción del SATSAID ratificó su rechazo a las cesantías y aseguró que continuará con las acciones gremiales para exigir el cese de los despidos, el respeto de los derechos laborales y el pago de las indemnizaciones que correspondan.
Mientras tanto, los trabajadores reclaman respuestas sobre su situación y el futuro de CCC, una empresa tradicional de Tucumán que atraviesa una de las etapas más delicadas de su historia reciente.
El conflicto ya no se limita a la discusión por las desvinculaciones: también abrió interrogantes sobre la continuidad de los puestos de trabajo, las condiciones laborales y el destino de una compañía que supo tener una presencia importante en el desarrollo de la televisión por cable en la provincia.