Jonathan Stisman, de 43 años, falleció este miércoles debido a las heridas sufridas en la explosión de su departamento, ubicado en el edificio de Monteagudo al 100. El médico permanecía internado en el Centro de Salud, a donde había ingresado el lunes por la noche con quemaduras que comprometían el 80% de su cuerpo.
Su estado era crítico y permanecía con asistencia mecánica respiratoria, en la unidad de terapia intensiva. La explosión, que continúa bajo investigación, provocó importantes daños materiales en el edificio ubicado en Monteagudo 120 y motivó un amplio operativo de emergencia en el que intervinieron bomberos, defensa civil y del servicio del 107.
En las últimas horas, las autoridades informaron que el edificio continúa clausurado de manera preventiva. No obstante, algunos inquilinos y propietarios fueron autorizados a ingresar de manera temporal, y bajo estrictas medidas de seguridad, para retirar pertenencias indispensables mientras avanzan las pericias técnicas sobre la estructura.
Investigan si todo estaba en regla en el edificio de Monteagudo 120
Mientras avanzan las investigaciones para determinar qué provocó la explosión y si realmente una fuga de gas como se cree, las autoridades municipales también comenzaron a revisar las condiciones edilicias del inmueble. Una de las primeras conclusiones es tranquilizadora: en principio, la estructura del edificio no presenta daños que comprometan su estabilidad. Sin embargo, esa evaluación no cierra la pesquisa.
Ayer, autoridades de la Dirección de Catastro municipal se hicieron presentes en el edificio de Monteagudo 120. De acuerdo con lo informado, se inició una investigación para establecer si el inmueble contaba con el correspondiente Certificado de Final de Obra. Ese documento resulta clave porque acredita que una construcción fue terminada de acuerdo con el proyecto aprobado y con las condiciones exigidas por la normativa municipal.
El siniestro vuelve a poner sobre la mesa un problema que San Miguel de Tucumán ya había detectado años atrás. Un relevamiento realizado en 2018 había encendido las alarmas. En aquel momento, sobre un universo de más de 600 edificios construidos en la ciudad, se había detectado que al menos 31 estaban habitados sin contar con la habilitación pertinente. Algunos de esos inmuebles llevaban años ocupados. En aquel momento, concejales habían advertido sobre situaciones consideradas críticas, con edificios habitados con garrafas en los pasillos y medidores “de obra” de agua y electricidad, condiciones que planteaban riesgos para quienes vivían allí.